El Gobierno andaluz ultima un decreto de medidas urgentes para dar solución a las viviendas irregulares, una situación que afecta a unos 300.000 propietarios en Andalucía y que en Arcos tiene especial relevancia por encontrarse en el medio rural, rodeado de campo.
Se trata de la elaboración del proyecto de un decreto ley de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en Andalucía, que será aprobado este mes en el Consejo de Gobierno.
La Junta ha trasladado su preocupación y voluntad de resolver la situación de estas viviendas, que según la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio supone “un problema cronificado” a causa de la complejidad administrativa que ha existido en la comunidad y “la falta de diligencia de los gobiernos anteriores” para buscar una solución.
Se trata de viviendas construidas al margen de la legalidad urbanística y que generan problemas de diferente tipo: medioambientales, territoriales o registrales. Pero, además, afecta no sólo a las familias, que se encuentran con esas trabas administrativas, sino también a los ayuntamientos y a las suministradoras de servicios.
Ante esta complejidad, el Gobierno andaluz pone en marcha un paquete de medidas urgentes con tres elementos destacables: se generaliza la declaración de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), a excepción de las que estén en terrenos donde no prescriben las infracciones, como suelos no urbanizables protegidos.
Además, se contempla la posibilidad de planes especiales municipales para la adecuación ambiental y territorial de las agrupaciones de edificaciones irregulares, sin necesidad de un plan general previo. Y, como hasta ahora, el planeamiento general seguirá siendo el instrumento para determinar qué asentamientos urbanísticos serán incorporados y cuáles no. En Arcos de la Frontera hay numerosos casos.
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