Quince años, cuatro meses y ocho días han transcurrido desde aquel jueves 29 de enero de 2004 cuando Jerez desplegaba un stand para que sus caballos andaluces bailaran en la Plaza Mayor de Madrid y este pasado, 6 de junio de 2019, donde en la Audiencia Nacional se juzgaban los hechos de una historia oscura, cruel, reflejo del enorme abanico de personalidades que campea por este nuestro mundo global, de uso político y partidista según momentos, partidos o personas; de muñecos de trapo también. De abusos de influencias políticas y, cómo no, espejo de una justicia a la que a partes iguales se la tiene respeto y miedo. "En el Gürtel vale todo", dice Miguel Durán, uno de los abogados de la causa. Y dice bien. Pisé aquella Plaza Mayor aquel día y la Audiencia este otro, por casualidad entonces e interés ahora. Cuando vi la bella estampa jerezana en el "marco incomparable" del centro de Madrid no imaginé que quince años después iba a presenciar un juicio por la contratación de ese evento en una de las salas de vista situada en el subsuelo cercano a la calle Génova, planta menos dos de esa especie de bunker que es la Audiencia Nacional, a pocos pasos de la sede del PP; un asunto que rezuma lucha política pero que no cuenta entre los encausados ni con un solo político en su pieza separada de Jerez.
Las partes en este juicio del Gürtel la conforman un Tribunal de tres Magistrados, la Fiscalía con dos representantes, la acusación popular ejercida por el bufete de abogados Asociación de Abogados Demócratas por Europa -ADADE-, liderado por Javier Ledesma, que fue diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid desde 1983 a 1999 y es hermano de Fernando Ledesma, ministro de Justicia con Felipe González, y también otras personas relacionadas con el PSOE como Pablo Nieto, que fue candidato de este partido en Boadilla del Monte, o Carmen Ninet, miembro destacado en Valencia. Están además los siete abogados de los nueve acusados y, claro está, estos, junto a los dos cabecillas de las empresas del Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo -que ya cumplen condenas de más de 60 años por su participación en la trama central-, la administradora de esas empresas -también cumpliendo condena-, y un directivo a la espera de varias sentencias; completan la terna cinco técnicos del Ayuntamiento de Jerez, que atónitos se preguntan qué pintan al lado de esos señores y entre relatos de amenazas, grabaciones ilegales, bandas albano kosovares, trabajos de las empresas para gobiernos del PP y demás historias escabrosas reflejo de una época negra. No ha habido pieza judicial del Gürtel donde junto a los empresarios del entramado de Correa no se sentaran políticos, en este caso del PP, encausados: Jerez es la única. Esta es la primera reflexión que sorprende en esa sala blanca de techo oscuro, fría, moderna donde se intuye anida la justicia.
Los españoles somos iguales ante la Ley, según ordena la Constitución, pero la realidad no parece así. La alcaldesa de Jerez que había en la tribuna de honor de la Plaza Mayor, y no por esto culpable, era MJ García Pelayo, en la instrucción del proceso que finalizó el juez De la Mata concluyó indicios de participación y pidió su imputación al TS porque era aforada y el aforamiento ya sitúa a su beneficiario en una posición distinta respecto al resto de ciudadanos, por supuesto la diferencia es gozar de unos privilegios ante la Ley y la justicia simplemente por ser Diputado o Senador. El auto del Alto Tribunal concluyó el archivo provisional por considerar que era normal que García Pelayo no supiera nada de estas contrataciones y, además, que en todo caso los hechos estaban prescritos. Unos hechos que son los mismos que han motivado la acusación y petición de varios años de cárcel e inhabilitación para los cinco técnicos, pero que pese a que sus defensas han recordado con insistencia la declaración contundente y sin ambages hecha por el Supremo de que estos hechos están prescritos y, por tanto, evitar un juicio de veinte sesiones que se alargará hasta finales de septiembre –con el coste añadido que supone para el erario público- y dar por terminado este injusto calvario, pese a ello la Audiencia y el Ministerio Fiscal han persistido en iniciarlo y que la prescripción se vea al final, en la sentencia, dentro de cinco o seis meses. Si los abogados y jurídicos presentes no logran entenderlo, menos un profano en la materia. El Supremo a la política aforada del PP le declara los hechos prescritos y la Audiencia Nacional a los demás, por los mismos hechos, les somete a un largo y tortuoso proceso. ¿Por qué? Segunda injusticia que rebota entre la mente de uno y las cuatro paredes de esa fría sala nacional.
La Instrucción ha durado unos unos diez años y por ella han pasado varios jueces, durante su desarrollo se imputaron a los cuatro de las empresas gürtelianas y a cinco técnicos, dos de ellos en el último momento sin poder ni participar en la instrucción para defenderse de la imputación. Para ellos sólo hubo dos días desde su primera y única declaración hasta la apresurada finalización del juez instructor llevada a cabo tres días antes de que el PP presentase su lista a las generales. Pero si ya esto resulta, como poco, llamativo, al largo desarrollo de la instrucción con ese apresurado final hay que añadir que al político del PP de aquellas fechas, Bernardo Villar, vicepresidente del Instituto de Promoción de la Ciudad, entidad que contrató a las empresas y quien firmó personalmente alguno de esos contratos exhibidos en las grandes pantallas de la Sala de la Audiencia, ni la denuncia de Pilar Sánchez, que inició todo el proceso, ni la acusación popular ostentada por personas relacionadas con el PSOE, ni los distintos jueces que participaron en la instrucción lo citaron nunca, ni tan siquiera como testigo, pese a reiteradas peticiones del letrado defensor de uno de los técnicos imputados. Sorprende. "En el Gürtel vale todo", dijo Durán, abogado defensor de Pablo Crespo, en la sesión inicial del pasado lunes de la pieza separada de Jerez.
Empeño hay en el PSOE y en la fiscalía anticorrupción en reavivar la causa para García Pelayo, pese a que a nadie escapa que aunque el TS acordó para ella el archivo provisional, también se encargó de decir con contundencia que los hechos están prescritos. Por lo tanto, sólo y exclusivamente se podría reabrir para la político del PP, que sigue aforada por ser Diputada del Congreso, si hubieran aparecido nuevos hechos con indicios de delito posteriores a la fecha de la prescripción. Algo que no ha sucedido porque las nuevas declaraciones de Isabel Jordán sobre la supuesta participación de García Pelayo relatan hechos anteriores a la fecha de prescripción declarada por el Supremo.
Sentado en la sala ves a los encausados, presencias los interrogatorios de tercer grado que la fiscalía les lleva a cabo, escuchas como la acusación popular ligada al PSOE sólo se preocupa de preguntar por García Pelayo y la idea de injusticia aumenta porque un empeño vano de reabrir la causa para ésta parece estar muy por encima de consideraciones sobre el componente humano de lo que están padeciendo estas personas, sobre las que no encaja en absoluto que decidieran por su cuenta buscar a unas empresas de Madrid que sólo, como declararon el pasado martes algunos encausados, trabajaban para gobiernos del PP. Y siguiendo la película montada, estos técnicos participaron en presuntas irregularidades porque sí, sin nada a cambio, sin ningún interés en ayudar a la trama porque, sin más, eran estúpidos. El guión hace aguas por todos sitios. Cinco técnicos que se ven arrastrados por dos partidos políticos, uno el PP, que calla e intenta que se olvide la relación de sus nombres con el caso sin un mínimo gesto de apoyo público o privado hacia ellos, y otro el PSOE, que se empeña en reavivarlo a sabiendas de que sólo pueden conseguir el efecto mediático, pero no el judicial, pareciendo que también a ellos poco importa las verdaderas y únicas víctimas de este proceso. En el Gürtel, se ve, vale todo.
La administración pública y la política están siguiendo con sumo interés, seguro que muy por encima de lo que lo hace la opinión pública, lo que sucede en esta sala donde se resume buena parte de la conciencia nacional; la justicia parcial usada en interés político, la política que mueve hilos y maneja situaciones como quien dirige un espectáculo de títeres, la pobre condición humana allá y aquí incapaz de apiadarse cuando un interés superior la mueve, la paralela parálisis en la gestión pública que todo esto provoca en muchos funcionarios del país que siguen este proceso estupefactos y que miran sus expedientes, en muchos casos correctos y válidos, que quizás nunca firmen, la impotencia en definitiva cuando uno es la parte débil de esos españoles no iguales ante la justicia. La impotencia es lo peor. El cómo arrastran tu nombre por el fango en un país adicto a comprar la condena pública sin juicio previo. Por eso, sea lo que sea que dictamine esta fría, blanca y negra y moderna sala, quedará muy lejos de tener un final justo.
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