La Audiencia Provincial de Almería ha suspendido esta mañana la vista oral contra dos presuntos pateristas, que se enfrentan a penas de 6 años de prisión, al no presentarse ninguno de los acusados al juicio que debían celebrar los magistrados de la Sección Tercera.
Fuentes judiciales han informado a Efe de que uno de los acusados se encuentra en situación de rebeldía y que el segundo de ellos, cuya comparecencia sí debía haberse producido este jueves, finalmente no se ha presentado.
La calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso Efe, señala que sobre las 17:00 horas del 8 de septiembre de 2016 el Servicio Marítimo de la Guardia Civil localizó la patera a unas 3 millas náuticas de la localidad de la Polacra, en Níjar (Almería).
Indica que en esta embarcación neumática viajaban 26 personas, entre ellas 15 menores de edad, la mayoría de nacionalidad argelina que habían sido transportados desde dicho país por los acusados M.B. y M.H.
Según la Fiscalía, ambos actuaron "en todo momento" de común acuerdo en la organización del viaje y con "pleno conocimiento" de que actuaban en contra de los establecido en la legislación española en materia de inmigración, con la "intención de enriquecerse de forma ilícita".
Concreta que M.B. habría dado órdenes e instrucciones a los inmigrantes, alternándose con M.H. en la conducción de la embarcación.
El Ministerio Público sostiene que la patera había partido desde la playa de Kristel (Argelia) sobre las 02:00 horas del 7 de septiembre de 2016 y que por sus "pequeñas dimensiones" era "totalmente inadecuada para el transporte de personas en una travesía de este tipo".
Añade que carecía de las "mínimas condiciones de seguridad" o de iluminación o elementos que sirvieran para comunicarse con el exterior en caso necesario.
Incide en que tampoco había chalecos salvavidas u otros objetos que pudieran prevenir cualquier tipo de contingencia, por lo que "las vidas e integridad física de los ocupantes" se "pusieron en concreto peligro".
Por estos presuntos hechos, el fiscal acusada a M.B. y M.H. por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por el que solicita penas individuales de 6 años de prisión.
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