Que dice el Tribunal Supremo que Francisco Franco era Jefe del Estado Español desde el 1 de Octubre de 1936. Como acaban de criticar un enorme número de historiadores, se apunta a la legalidad del golpe de Estado - ése sí que lo fue, señores magistrados-. Resulta no sólo chocante sino inasumible que toda una Sala del Supremo diga que la reunión de jefes militares rebeldes que nombran a Franco era la legalidad española. No otra cosa significa decir, como el Supremo ha reconocido en el auto que paraliza la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, “que Franco fue el "jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936" hasta su muerte un 20 de noviembre de 1975. Es decir, el Supremo ha reconocido a Franco como jefe del Estado en plena Guerra Civil, cuando aún permanecía en pie el Estado republicano, que se asentaba sobre la legalidad de la Constitución española de 1931”.
Cuando acaba la guerra civil puede entenderse que, aunque siguió existiendo un gobierno republicano en el exilio, el control de la integridad del territorio español, de sus Fuerzas Armadas y, en definitiva del país completo era del régimen militar que ganó la guerra y, por ello, fueron produciéndose los reconocimientos internacionales del Régimen, que es en definitiva lo que acredita el ser internacional de un país. Bien lo saben los independentistas catalanes que no han conseguido el respaldo ni de la vecina Andorra.
El disparate histórico y legal del Tribunal Supremo exige una rectificación porque significa avalar el golpe y menospreciar la legalidad republicana, que era la que encarnaba el presidente Azaña y la Constitución en vigor y dispuso de una parte del territorio durante los tres años de la guerra. La ignorancia no exime al tribunal de culpa. La tiene y debe enmendar ese auto con tantos miramientos hacia quienes no los tuvieron durante décadas con millones de españoles."Franco fue nombrado Jefe del Gobierno del Estado por la Junta de Defensa Nacional en Burgos a finales de septiembre de 1936. Era una Junta compuesta por militares sublevados", explica el historiador Ángel Viñas
Nuestra democracia es garantista y ello es bueno para los ciudadanos porque les ampara en su defensa. Esa es la diferencia con los tribunales franquistas, que en muchas ocasiones dictaron la sentencia, tras los fusilamientos de los sentenciados a muerte. Era la justicia “a posteriori”. Hay que rectificar ese auto judicial.
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