En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Cinta Castillo consideró que la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha desestimado el recurso de apelación formulado por Boliden-Andaluza de Piritas SA (Apirsa) y ha confirmado el citado fallo, "reafirma" la resolución del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid en cuanto a que "no hay responsabilidad" de las constructoras ACS, Geocisa e Intecsa-Inarsa de la ruptura de la balsa minera de que la multinacional sueca explotaba en Aznalcóllar.
La demanda interpuesta por la compañía sueca, además de estas tres constructoras, también incluía a Banco Vitalicio de España y a Zurich España, como aseguradoras de responsabilidad civil. La firma minera, así, reclamaba a éstas que hicieran frente a los gastos que en su momento ocasionó la limpieza del vertido; 115 millones de euros por los daños y otros 135 millones para hacer frente a la indemnización que la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) habían solicitado a la multinacional sueca.
Cinta Castillo advirtió, no obstante, de que esta resolución "prácticamente no infiere en el litigio" que reside en la justicia sueca, que en octubre de 2008 se declaró competente a la hora de resolver la decisión del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla de confiscar a Boliden aproximadamente 141 millones de euros en concepto de garantía de pago por las presuntas responsabilidades de la catástrofe medioambiental.
Sin embargo, sí señaló que la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid alude al papel jugado por la Administración andaluza en el proyecto de la balsa minera, porque "desde la Junta de Andalucía se supervisaron de manera facultativa y técnica las obras". Al considerar la Audiencia de Madrid que la multinacional Boliden fue la causante de la rotura al realizar modificaciones al proyecto originario, se desprende también "de alguna forma, que la obra estaba bien hecha".
En cuanto al avance del litigio que enfrenta al Gobierno andaluz y Boliden en la justicia sueca, Cinta Castillo recordó que tras el depósito de los avales reclamados por las instituciones judiciales suecas, "el procedimiento sigue abierto".
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