Tras firmar un convenio de colaboración con la Diputación de Sevilla, la consejera andaluza de Medio Ambiente afirmó en rueda de prensa que espera que tanto el PP como IU apoyen dicho proyecto legislativo "porque lo mejor será que esta ley se construya con el apoyo" de todos los grupos parlamentarios.
Aseguró que el anteproyecto ha contado "con el respaldo de todas las organizaciones e instituciones que forman parte del Consejo Andaluz del Agua", lo que se plasmó en la firma el pasado febrero de "un gran pacto" entre el Gobierno y dicho consejo.
El Acuerdo Andaluz por el Agua incluía 97 medidas que se han llevado al anteproyecto de la futura Ley, recordó, por lo que dijo que espera que en el trámite parlamentario, "que es donde se define el contenido de una ley", el proyecto que aprobará el Consejo de Gobierno "por supuesto tenga el apoyo y la aportación, a través de las enmiendas", de los grupos de la oposición.
Castillo subrayó que el anteproyecto ya ha pasado por el Consejo Económico y Social de Andalucía y también cuenta desde el pasado día 15 con el dictamen del Consejo Consultivo, y que el texto ha sido aprobado por unanimidad en ambos órganos.
Declaró además que las apreciaciones técnicas que se han hecho al anteproyecto de la Ley autonómica de Aguas "están siendo todas y cada una de ellas asumidas en el anteproyecto", y añadió que prevén llevarlo al Consejo de Gobierno del martes 29 de septiembre para su aprobación definitiva.
De este modo, el proyecto podría estar "inmediatamente días después" de esa fecha en la Cámara andaluza para su correspondiente trámite parlamentario, según la consejera.
Con respecto a este proyecto de Ley, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, instó ayer al Gobierno andaluz a reformar “en profundidad” el texto antes de llevarlo al Consejo de Gobierno, asegurando que es un “auténtico despropósito” en su redacción actual.
Sanz pedía al Ejecutivo que atendiera las peticiones y alegaciones que han realizado los sectores implicados, especialmente empresarios y agricultores, además de las recomendaciones realizadas por el Consejo Consultivo andaluz.
Para Sanz es necesario que se rectifique la inclusión de nuevas tasas para el consumo de agua sí como los posibles aspectos de inconstitucionalidad detectados antes de que sea aprobada, instando a realizar una “reflexión sensata y lógica” para evitar un problema mayor alrededor del agua.
A principios de este mes, la organización agraria Asaja reclamó a la Consejería de Medio Ambiente que abriera un periodo de reflexión y diálogo sobre la ley autonómica de aguas para consensuar posturas y evitar "una batalla legal interminable y absolutamente innecesaria" como la que se registró con la ley de reforma agraria.
Asaja-Sevilla presentó entonces un informe del catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo que cuestiona la constitucionalidad de este proyecto de ley y, según esta asociación agraria, el anteproyecto es de dudosa constitucionalidad, crea inseguridad jurídica, es "absolutamente intervencionista" y tiene un afán recaudatorio y también la intención de acabar con el regadío.
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