El alto tribunal andaluz ha hecho esta consideración a raíz de un escrito que le hizo llegar el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, en la que anunciaba que los juzgados dejarían de entregar notificaciones y órdenes de libertad en la cárcel debido a esa restricción del uso de los taxis, que según dice ha causado "un gravísimo quebranto del servicio público de Justicia".
El TSJA dice compartir la "preocupación" de la Consejería de Justicia por la necesidad de usar de forma racional los medios materiales, entre ellos los de transporte, para la práctica de actuaciones judiciales, pero entiende que no se puede dejar de constatar la "negativa repercusión" que las decisiones adoptadas por las delegaciones de Sevilla y Huelva "habrán de tener necesariamente en el servicio público de la Justicia".
"Sobre todo -agrega- al adoptarse dichos acuerdos que comportan la utilización casi exclusiva de los medios de transporte colectivos sin ofrecer alternativas cuando dicho medio de transporte resulta de imposible utilización o manifiestamente ineficaz".
La Sala de Gobierno considera que en determinados supuestos no podrá prescindirse "de forma absoluta" de la utilización de otros medios de transporte como los taxis, vehículos oficiales o empresas contratadas.
Entre esos supuestos cita las zonas no cubiertas o insuficientemente cubiertas por el transporte público colectivo; las que entrañan peligrosidad para los funcionarios judiciales; las diligencias que implican el traslado de voluminosa y pesada documentación y aquellas que hay que practicar en horario nocturno o fuera del funcionamiento del transporte público.
El TSJA se refiere a actuaciones y servicios que tienen que realizar los órganos judiciales fuera de sus sedes y cuya práctica mediante la utilización del transporte público colectivo resulta "ineficaz o imposible".
De entre ellos cita los servicios de guardia, las comunicaciones con los centros penitenciarios, las visitas de inspecciones de los jueces de Vigilancia Penitenciaria y el control judicial de los internamientos involuntarios por razones de trastornos psíquicos, entre otros.
La Sala de Gobierno reitera su conformidad con las medidas de austeridad en el gasto, pero "siempre y cuando no conlleve un empeoramiento del servicio público de la justicia".
Sistema telemático para las notificaciones
Mientras, la Consejería de Justicia y Administración Pública anunciaba ayer que implantará en breve en los órganos judiciales de Granada, antes de hacerlo extensivo al resto de Andalucía, un programa piloto que permitirá la notificación, presentación de documentos y traslado de copias por medios telemáticos.
Se tata del sistema informático "Lexnet", fruto de un acuerdo de colaboración suscrito el pasado mayo entre la Consejería y el Ministerio de Justicia que, de forma experimental, empezará a aplicarse, previsiblemente a partir de la próxima semana, en concreto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 11 de Granada y en el Colegio de Procuradores de esta provincia.
La realización de notificaciones o traslado de copias por medios telemáticos deberá hacerse mediante el uso de la firma electrónica.
Por ello, como paso previo a la puesta en marcha de este novedoso sistema, la Junta ha puesto en marcha, entre los colectivos profesionales y usuarios del sistema, una campaña para facilitar la firma electrónica a los secretarios judiciales.
Para ello, ha instalado un expositor en los juzgados de Plaza Nueva de Granada desde el que se emitirán certificados para los secretarios judiciales y otros funcionarios, mientras que entre los próximos miércoles y viernes el expositor se trasladará al edificio de la Caleta, donde la entrega de la firma digital se hará extensiva al público en general.
Durante la presentación de esta herramienta informática, la directora general de Infraestructuras y Sistemas de la Junta, Inmaculada Jiménez, ha subrayado el avance que supondrá la implantación de la notificación telemática judicial con el colectivo de procuradores.
Ha puesto como ejemplo de ello el hecho de que en torno al 90% de las notificaciones realizadas en el ámbito de la jurisdicción civil y del 50% de las realizadas en el ámbito contencioso-administrativo se hacen a través de la figura del procurador.
Las principales ventajas de este sistema son el ahorro de los costes y los desplazamientos, la comodidad, la posibilidad de realizar las notificaciones desde cualquier punto con acceso a internet y la de disponer de información estadística.
Según el secretario general para la Justicia, Pedro Izquierdo, la aplicación de este sistema permitiría dejar de imprimir en toda España 325 millones de copias -equivalentes a 9.000 árboles-.
La implantación de este sistema informático denominado "Lexnet" requiere de un ordenador con acceso a internet con banda ancha, un certificado digital y un dispositivo seguro de creación de firmas.
Su funcionamiento es el siguiente: el órgano judicial que genera la notificación la envía en un entorno web a un buzón informático del Colegio de Procuradores; el procurador al que va dirigida la información recupera por vía telemática la notificación depositada en el buzón del colegio y cuando la verifica, envía al órgano judicial un acuse de recibo.
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