La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado una pena de 50 años de cárcel al expresidente de la empresa pública Defex José Ignacio Encinas y a los principales acusados por el presunto desvío de 41 millones de euros pagados en comisiones para conseguir contratos de material policial con el gobierno de Angola.
En su escrito de acusación, la Fiscalía solicita diferentes penas de prisión para los 27 acusados, las más altas para Encinas y otros encausados como Beatriz García Paesa, sobrina de Francisco Paesa (relacionado con los conocidos "papeles de Laos" del caso Roldán) y que se enfrenta a la misma petición de pena de 50 años.
La Fiscalía les atribuye los delitos de corrupción en transacciones internacionales, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, malversación, blanqueo, falsedad y delito de organización y grupo criminal, en relación con el presunto desvío y apropiación de fondos de Defex en contratos de suministro de material policial para Angola.
Pide que Encinas indemnice, en concepto de responsabilidad civil, pagando 13,5 millones de euros a la Agencia Tributaria por los delitos fiscales, y otros 41 millones a Defex por el dinero sustraído.
En cuanto a Paesa y otro de los acusados, Juan Carlos Cueto (vinculado a la empresa Cueto y que se enfrenta a 32 años de cárcel), reclama también el pago de 13,5 millones a Hacienda y otros 31,2 millones a Defex.
Otros dos de los acusados que se enfrentan a mayores penas son los exdirectivos de la empresa pública Manuel Iglesias, para quien la Fiscalía pide 50 años, y Ángel María Larumbe (35 años).
Además de a 27 personas, la Fiscalía también acusa a tres sociedades como personas jurídicas: Defex, Comercial Cueto 92 y Global Reach. Cueto es la empresa que concurrió con Defex a los contratos angoleños en una Unión Temporal de Empresas (UTE).
Precisamente, la Fiscalía cree que para conseguir los contratos, se pagaron comisiones de más de 6 millones de euros, regalos por más de 2 millones y medio, además de grandes sumas de dinero transferidas a países como Suiza, Angola, Portugal, Francia o las Islas Caimán y a autoridades angoleñas.
También se ha detectado pagos de las revisiones médicas y operaciones quirúrgicas del comisario jefe de Angola, de su mujer y de sus nietos contabilizados bajo el nombre de "Asistencia Técnica, Apoyo Logístico y Formación".
Además de estancias hoteleras, viajes, pagos en metálico (entre 500 y 600 euros semanales) y hasta cestas de Navidad a funcionarios angoleños.
Aparte del contrato, firmado en 2008 por un importe de 152,9 millones de euros y que consistía en suministrar vehículos, uniformes y demás material a la Policía angoleña, la Fiscalía ha investigado también dos operaciones comerciales sin contrato.
Según el escrito, "el sobreprecio" del contrato principal "era conocido por todos los acusados" de ambas empresas, que además carecían de cualquier mecanismo de control y prevención de delito.
La fórmula se basaba en multiplicar el precio de coste de cada material o servicio por "el factor mágico de 2,5" e incluso de 3 en algunos casos. En total, el sobreprecio de las tres operaciones ascendió a poco más de 96 millones de euros.
Entre otros asuntos, García Paesa "organizó y creó la estructura societaria" que permitió ocultar fondos transferidos a Luxemburgo. También figuraba de administradora de una serie de sociedades instrumentales propiedad de Cueto que se usaron para canalizar dichos fondos "y ejecutar el reparto de comisiones".
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