Leocadia Benavente
Se acaba de aprobar la modificación definitiva de la Ordenanza Municipal que tiene por objetivo ayudar a la regularización y normalización de las viviendas ilegales o construidas al margen de planeamiento. El desarrollo del punto en el pleno contó con la intervención del Presidente de Coave, Jose Antonio Castro, que mostró el desacuerdo de la asociación que representa con el contenido de la ordenanza.
Es sintomático que la ordenanza se saque de espaldas a los vecinos que la han de aplicar. La ley 40/2.015 establece la obligación de contar con la participación en la normativa con la o las asociaciones que representen de forma mayoritaria a los posibles ciudadanos afectados. Y esto no se ha hecho. La participación, que la practiquen otros.
Además de no dar participación, el equipo de gobierno niega una y otra vez a los vecinos afectados el documento que contenga el plan de infraestructuras municipal que les informe de cara a su regularización, y ello a pesar de que sea un documento que el equipo de gobierno debe llevar a pleno cada dos años. Establece el punto 1.1.5 de nuestro Plan General que la Administración Urbanística Municipal elaborará de forma bianual un informe de evaluación y seguimiento de la actividad de ejecución urbanística de su competencia, con especial énfasis en la implantación de las infraestructuras y su mantenimiento.
El punto citado establece la obligación de que dicho informe sea conocido por el pleno municipal y enviado a las administraciones supramunicipales y el mismo debe ser la base para reajustar la programación contenida en el propio Plan General, ya que tanto las infraestructuras como la regularización de las viviendas ilegales tienen marcado un calendario dividido por cuatrienios que todos están obligados a cumplir.
El equipo de Gobierno conformado por el PSOE e IU no ha presentado ninguno de los dos informes que desde la entrada en vigor del Plan General en diciembre de 2.013 se deberían haber elevado a pleno. Este incumplimiento no es meramente formal, sino que oculta una realidad, que la administración gobernada por la izquierda no ha cumplido el calendario de infraestructuras previsto, poniendo con ello en grave peligro el desarrollo del plan general, y la reactivación económica que el mismo debía traer.
Los vecinos que han decidido dar el paso a su regularización, pueden ver frustradas sus expectativas si el Ayuntamiento no acompaña el paso. Los representantes de los vecinos han dejado dicho en muchas ocasiones esta realidad. La responsabilidad será entonces de aquellos que han alentado la regularización a sabiendas de que no se va a contar con las infraestructuras y los servicios necesarios a los que engancharse. Y mientras, el vecino pagando.
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