Andalucía

Pizarro niega que Gobernación discrimine a los municipios gobernados por PP

El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, negó ayer que su departamento esté discriminando a los ayuntamientos gobernados por el PP en la concesión de subvenciones y explicó que éstos obtienen de media 319.516 euros más en ayudas que los gestionados por los socialistas.

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El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, negó ayer que su departamento esté discriminando a los ayuntamientos gobernados por el PP en la concesión de subvenciones y explicó que éstos obtienen de media 319.516 euros más en ayudas que los gestionados por los socialistas.

Pizarro compareció ayer en comisión parlamentaria a petición propia para informar sobre los criterios de concesión y reparto de subvenciones de la Consejería de Gobernación a los ayuntamientos andaluces después de que el PP-A denunciara discriminación con sus municipios.

Pizarro aseguró que las subvenciones concedidas por su departamento a los ayuntamientos de la comunidad se otorgan con criterios "objetivos, transparentes y públicos, sin ponderación política alguna".

Explicó que el 63,5 por ciento de los 711 municipios andaluces están gobernados por el PSOE y han recibido el 56 por ciento de las ayudas que su departamento ha concedido en 2008 y en lo que va de 2009.

Por su parte, las localidades gobernadas por el PP, que son el 17,4 por ciento, han obtenido el 21,7 de las ayudas, mientras que los municipios de IU -el 10,5 por ciento del total- han recibido el 14,4 por ciento.

El 8,58 por ciento restante de consistorios han recibido el 7,45 por ciento de los incentivos concedidos, según ha apuntado Pizarro, quien ha asegurado que los municipios gobernados por el PP reciben una media de 319.516 euros más que los de signo socialista.

En términos globales, los ayuntamientos gobernados por el PSOE recibieron una media de 782.679 euros de la Consejería de Gobernación, mientras que los consistorios del PP percibieron 1,1 millones y los de IU 1,2 millones de euros.

Pizarro explicó que estas cifras son fruto de un trato "equitativo y unos criterios de reparto justos desde el punto de vista económico y social".

Según apuntó, el reparto se basa en parámetros de población y también de desarrollo como la renta media, el nivel de desempleo, el número de viviendas por habitante o la capacidad fiscal de las arcas locales para conocer su realidad y necesidad de financiación.

El PP le acusa de hacer trucos con los datos

Por su parte, la diputada del PP-A María del Carmen Crespo acusó a Pizarro de "hacer truco" al exponer los datos porque, por una parte, su Consejería sólo habla de ayudas en función de los ayuntamientos gobernados por cada partido y no por el número de habitantes y, por otra, se ha limitado a hablar de las subvenciones concedidas por su departamento pero no de las totales de la Junta.

Crespo apuntó que el Gobierno andaluz ha castigado a los municipios que no son de su color político y aseguró que las subvenciones otorgadas en los últimos años por todas las Consejerías a los ayuntamientos gobernados por el PP son claramente "discriminatorias".

Señaló que en el primer semestre de este año los consistorios del PP han recibido el 19 por ciento de las ayudas totales concedidas, frente al 67,8 por ciento de los municipios del PSOE, una situación que se ha repetido tanto en 2008 como en 2007.

Limitando las ayudas a las concedidas por la Consejería de Gobernación, Crespo aseguró que los municipios del PP reciben el 55 por ciento menos de subvención en función del número de habitantes.

Además, Crespo coincidió con el líder andaluz de IU, Diego Valderas, al asegurar que lo ocurrido en Alcalá del Valle (Cádiz) -donde el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Gabriel Almagro, dijo en un mitin electoral del PSOE que cualquier proyecto solicitado por el Ayuntamiento de esta localidad, gobernada por IU, quedaba condicionado a la aprobación del portavoz socialista- es la "realidad" de lo que ocurre en Andalucía.

Pizarro censuró esta comparación y dijo que "no es serio" poner en cuestión las relaciones que la Junta mantiene con los gobiernos locales desde 1982 por un error que fue admitido por el propio Almagro.

El consejero aseguró que la posición del PP-A en este asunto sólo responde a la estrategia de confrontación que quiere imponer entre sus alcaldes, que han dado el visto bueno a los primeros borradores de las leyes de régimen local.

Valderas apuntó que estas normas deben servir para poner fin al "olor de trato desigual" que hay en los ayuntamientos por parte de la Junta y que ha sufrido en sus "carnes" y apostó por la necesidad de que las nuevas normas locales garanticen la suficiencia financiera y financiación incondicionada.

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