Las dos instituciones, por separado, quieren analizar más de cerca la situación en el río Tinto y en el estuario de Huelva ante las denuncias de las asociaciones ecologistas, que recuerdan que en la zona se almacenan más de 120 millones de toneladas de fosfoyesos y unas 7.000 toneladas de cenizas de cesio 137.
En el caso de la CE, que ya envió una delegación a Huelva en 2008 y tiene abierto un procedimiento contra España por incumplir las normas sobre residuos industriales, la misión se centrará en verificar si la supervisión de los niveles de radiactividad es adecuada.
Según explicó ayer un representante del Ejecutivo comunitario ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la visita se efectuará a lo largo de este otoño.
Actualmente, Bruselas se encuentra analizando las últimas informaciones sobre la contaminación en las marismas onubenses remitida por las autoridades españolas y espera poder tomar una decisión en un "plazo relativamente corto" de tiempo.
En caso de no quedar satisfecha con las explicaciones españolas, la CE podría llevar el caso ante la Justicia europea.
Mientras, la Eurocámara decidió ayer enviar su propia misión a Huelva para estudiar más de cerca la situación de los vertidos contaminantes y sus consecuencias para el medio ambiente y la salud de la población.
Los coordinadores de los grupos políticos en la comisión de Peticiones acordaron por unanimidad el envío de la delegación, confirmando la decisión que ya habían adoptado en la pasada legislatura y cuya ejecución se pospuso a causa de las elecciones europeas.
Según explicó ayer la presidenta de la comisión parlamentaria, la italiana Erminia Mazzoni, la próxima semana se comenzarán a concretar las fechas en las que la delegación se desplazará a España, así como su composición.
El calendario aún no está cerrado
Aunque los eurodiputados de todas las fuerzas se mostraron favorables al envío de la misión, discreparon ayer sobre el calendario, pues mientras los parlamentarios socialistas preferían esperar a conocer los resultados de la comisión enviada por la CE, Willy Meyer insistió en nombre de Izquierda Unida en la necesidad de que el viaje se efectúe lo más pronto posible, antes de fin de año, en cualquier caso.
También lo solicitó así su compañero de partido en Huelva y representante de la Plataforma Mesa de la Ría, Pedro Jiménez, quien recordó ayer a los eurodiputados que "es necesario poner fin a los vertidos de fosfoyesos inmediatamente" y aprobar medidas para la recuperación de la zona.
En la misma línea, el ex eurodiputado verde David Hammerstein, que intervino en representación de Greenpeace España, hizo hincapié en las consecuencias para la salud humana que tienen los vertidos en la zona, con índices de cáncer y asma muy superiores a la media española, según aseguró.
"Estamos ante uno de los mayores vertederos tóxicos de Europa", recalcó Hammerstein, que criticó la gestión del problema que están llevando a cabo las autoridades españolas y la "pasividad" de la Comisión Europea.
Después de décadas de funcionamiento, las balsas de fosfoyesos de Fertiberia en Huelva tienen ahora una fecha límite para su cierre fijada por el Gobierno: el 31 de diciembre de 2012.
Ese plazo fue considerado ayer por Hammerstein como una "burla" al derecho comunitario, mientras que el eurodiputado del PSOE Luis Yáñez destacó el avance que supone ese calendario e insistió en que es fundamental garantizar que Fertiberia pague por sus vertidos y que no tengan que ser los contribuyentes quienes lo hagan.
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