El portavoz del PP en la Diputación de Cádiz, José Loaiza, ha pedido a la institución provincial un compromiso firme con la nueva residencia de mayores de La Línea y ha asegurado que ya es "imposible" que el gobierno provincial del PSOE cumpla con el calendario prometido para abrir el nuevo centro.
En un comunicado, Loaiza ha remarcado que la Diputación "ha sido incapaz de sacar adelante la licitación del proyecto, previsto en el primer trimestre del año", y ha considerado que "ya es imposible ajustarse a los plazos que manejaba la presidenta, Irene García".
Asimismo, ha advertido de que Diputación esta teniendo "serios problemas" en sacar adelante licitaciones públicas, "como evidencian el fiasco del mega contrato de la ayuda a domicilio a personas en situación de dependencia o el de tratamiento contra la abundancia de mosquitos en La Janda".
En cualquier caso, el portavoz popular ha lamentado que el gobierno provincial "haya traicionado a La Línea con el cierre de un equipamiento público y haya privatizado el servicio, al tiempo que no prevea mecanismos para paliar el déficit de plazas para mayores en centros públicos". "De acuerdo a los datos de la propia Mesa de Trabajo por La Línea, el déficit sería de 60 plazas", ha añadido.
Asimismo, Loaiza ha recalcado que "nunca" un gobierno de Diputación había recortado tanto en política social como el que dirige Irene García que, además, "se ha visto envuelto en polémicas permanentes en la materia".
El portavoz popular, de igual modo, ha apuntado "las denuncias por contratación precaria en el Hogar de Los Dolores en verano de 2016; el ya mencionado fiasco en la licitación del contrato de ayuda a domicilio a personas en situación de dependencia, con 1.500 usuarios y 750 trabajadores afectados; y las sanciones de la Inspección de Trabajo por una veintena de contratos realizados para prestar servicios en las residencias de mayores de Cádiz y El Puerto".
Con todo, Loaiza ha señalado que Irene García "se ha negado a responder preguntas sobre el cierre de la residencia de mayores, como el coste de la rescisión de contratos de suministros y servicios que estaban en vigor cuando el gobierno socialista echó el cerrojazo al centro hace más de un año".
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