El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Málaga ha condenado a la aseguradora de la Clínica El Sur de Málaga a que indemnice a unos padres en 70.000 euros por la pérdida en la semana 22 de gestación de su hijo debido a una mala praxis médica al practicar una técnica abortiva.
En la sentencia, facilitada a Efe por la asociación El Defensor del Paciente, cuyos abogados han llevado el caso, se acredita que las punciones "excesivas" realizadas por el ginecólogo en la fetolisis, que no llegó a buen fin, fue la causa de la muerte del feto.
Los hechos ocurrieron en diciembre de 2013, cuando la madre, que entonces tenía 40 años, estaba embarazada de gemelos y en el Hospital Torrecárdenas de Almería se le detectó que uno de los bebés sufría malformaciones incompatibles con la vida.
En ese hospital se sometió a un análisis de sangre y una amniocentesis para comprobar que el feto sano no sufría ninguna patología, la cual se hizo sin incidencias.
La mujer fue derivada días después desde la sanidad pública a la Clínica El Sur de Málaga para la práctica de una fetolisis selectiva, técnica que consiste en introducir en el abdomen una aguja para provocar la muerte del bebé que sufría malformaciones.
Tras más de dos horas de intervención, el ginecólogo que la atendió en dicha clínica manifestó que era imposible realizar esta técnica por la posición fetal y el "riesgo elevado de lesionar al feto sano".
Al volver al hospital de Almería, ambos bebés latían y se comprobó que la gestante presentaba en su abdomen hematomas y más de diez punciones, y días después se comprobó por medio de ecografía que el bebé sano había fallecido.
Los médicos que declararon en el juicio en calidad de peritos señalaron que en la fetolisis se recomiendan dos punciones, y que cuantos más intentos se hacen aumenta el riesgo del feto y del paciente.
La sentencia condena a la compañía Catalana Occidente, como aseguradora de la Clínica El Sur de Málaga, a indemnizar a los padres por la muerte del feto y daños físicos y psíquicos sufridos en 58.685,35 euros, más los intereses establecidos, que elevan el total a unos 70.000 euros, según El Defensor del Paciente.
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