En rueda de prensa, la portavoz de vivienda y vicesecretaria el PP-A, Alicia Martínez, ha sostenido que el "abuso de poder del PSOE y el uso partidista del dinero público" se refleja también en las subvenciones para rehabilitación y para la adecuación funcional de viviendas.
Según sus datos, basados en las estadísticas del Ministerio de Vivienda, los consistorios en manos del PSOE obtuvieron el 77,5 por ciento de las subvenciones para rehabilitación de viviendas (5,4 millones); los del PP el 5,3 por ciento (371.000 euros) y los de IU el 14,8 por ciento (un millón de euros).
Las subvenciones para la adecuación funcional de viviendas correspondieron el 94,1 por ciento a los ayuntamientos gobernados por los socialistas (3,2 millones), el 5,8 por ciento a los de los andalucistas y nada para los del PP.
Estos datos son "escandalosos", según la dirigente del PP andaluz, quien ha añadido que el Partido Popular gobierna al 31 por ciento de la población andaluza (en unos 150 ayuntamientos) y, sin embargo, "recibe seis veces menos de lo que le correspondería" por los conceptos analizados.
El PP pedirá explicaciones al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, y reclama una ley de subvenciones para asegurar la transparencia y el reparto con criterios objetivos.
La responsable de vivienda del PP también censuró en su comparecencia la exigencia de la Junta a los ayuntamientos de elaborar los registros municipales de demandantes de VPO, pues supone un "incumplimiento" al tener la Junta la competencia en esta materia.
Además, la orden de 1 de julio de 2009 por la que se regulan dichos registros ha sumido en un "desconcierto" a los ayuntamientos que no disponen de medios materiales ni humanos para elaborar dichos registros y menos antes de finales de año, como exige la Junta.
Tras dejar claro que los consistorios no tienen obligación legal de elaborar dichos registros, ha añadido que el PP dejará autonomía a sus ayuntamientos para que lo hagan o no, si bien ha añadido que el Partido Popular defiende un registro autonómico de demandantes de VPO y con carácter optativo constituir otros de ámbito municipal.
Ha recordado que en el plan estatal de vivienda y suelo 2005-2008 la Junta de Andalucía optó por el sistema del sorteo para seleccionar a los adjudicatarios de las VPO, lo que provocó "colapso, colas y bombos con bolas" y la "idea de que la vivienda es una lotería y es gratis".
En el plan estatal 2009-2012 la Junta ha optado por los registros municipales y el Estado subvenciona hasta un cuarenta por ciento los costes de elaboración, aunque "hasta ahora la Junta no ha puesto a disposición de los ayuntamientos nada" y, además, la administración autonómica debería costear el sesenta por ciento restante, según el PP.
Alicia Martínez también ha censurado la baja ejecución del actual plan de vivienda y suelo, ya que en 2008 se calificaron en Andalucía de forma definitiva 8.726 viviendas protegidas, "muy lejos del compromiso del PSOE" de 300.000 VPO en diez años a razón de 30.000 al año.
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