El portavoz de la Policía Nacional, Orlin Cerrato, informó a Efe que, de 50 detenidos inicialmente, nueve fueron liberados y 41 quedaron a la orden del Ministerio Público, acusados de sedición, robo, daños materiales, alteración del orden público y otros delitos.
Según otra fuente policial, ayer quedaron en libertad otras 73 personas que fueron detenidas temporalmente por violar el toque de queda que el Gobierno de Roberto Micheletti impuso en Tegucigalpa tras los disturbios, entre las 22.00 del lunes y las 5.00 de ayer, horas locales (de las 04.00 a las 11.00 GMT).
Simpatizantes de Zelaya incendiaron el lunes un autobús del transporte urbano y un restaurante de comida rápida después de abandonar los alrededores de la Casa Presidencial, donde realizaron un plantón de protesta durante varias horas.
En incidentes previos, un empleado de un restaurante de hamburguesas cercano a la Casa Presidencial sufrió una herida de gravedad en un brazo, causada por un cristal cuando presuntamente un activista de Zelaya rompió un ventanal que el trabajador limpiaba en ese momento, dijeron a la prensa fuentes policiales y de la empresa afectada.
El dirigente campesino Rafael Alegría, uno de los líderes del movimiento social que exige el regreso de Zelaya, reconoció ayer que los disturbios fueron ocasionados por participantes en la protesta, pero los condenó “de manera contundente”, y sostuvo que fue “gente infiltrada” para causar esos daños, a la que “es difícil controlar”.
El Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado “realmente no comparte ese procedimiento, esas quemas y cosas por el estilo, lo dejamos absolutamente claro”, declaró Alegría a la radio HRN de Tegucigalpa.
“Lo rechazamos, esa no es nuestra conducta, que es siempre pacífica, y eso lo sabe la Policía; los dirigentes jamás vamos a aceptar, a comulgar, con esos actos que se produjeron ayer” (por el lunes) y que son “realmente condenables”, expresó el dirigente.
Alegría indicó que ayer continuaron las protestas en Tegucigalpa y San Pedro Sula (norte) y aseguró que fueron “pacíficas” porque “no queremos enfrentar ni al Ejército ni a la Policía, pero queremos también que nos den el derecho de transitar libremente”.
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