La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha indicado hoy que Andalucía gasta al año "más de 2.500 millones de euros en la contratación de bienes y servicios" en materias que están vinculadas a la Ley de Contratación.
En declaraciones a los periodistas en Huelva, donde ha inaugurado una jornada sobre contratación pública, ha precisado que se realizan alrededor de 70.000 contratos y que el volumen más importante lo concentra el Servicio Andaluz de Salud, que "es el máximo responsable de la contratación en el volumen que requiere la apertura de los centros de salud y hospitales".
De ahí, ha indicado, la importancia de que los funcionarios conozcan la nueva Ley de Contratación estatal, que entra en vigor el próximo 9 de marzo, para lo que desde el Instituto Andaluz de Administración Pública se están desarrollando tareas formativas.
Montero ha precisado que entre los retos más importantes que plantea esta nueva ley está el "aprovechar el potencial de la compra pública innovadora, lo que va a permitir que se puedan desarrollar nuevos productos y que las empresas tengan un estímulo añadido a la innovación, a la investigación con el compromiso de coparticipación del sector público".
Ha señalado que "un área de especial interés es la biotecnología que cuenta con un entorno en el que la mayoría de los productos son costosos, en términos económicos, con una gran rentabilidad social, pero que requieren de la participación del sector público-privado para que puedan tener un recorrido que amortice la inversión que originalmente se tiene que hacer sobre este tipo de productos".
También, ha añadido, la ley va encaminada a la "práctica eliminación de los contratos menores en la contratación pública", lo cual "obliga y hace que se tenga que se desarrollar una mejor planificación de las compras al objeto de tener previsto todos aquellos supuestos en los que, hasta la fecha, entraba la contratación menor, fundamentalmente, por razones de urgencia".
Se trata de "tener la capacidad de hacer una planificación que nos permitan el cumplimiento de la ley y contar con instrumentos para que cualquier contrato o licitación pública esté en la fase que esté tenga capacidad de consulta por parte de los afectados, tenga indicadores de validación por parte de los ciudadanos y, por tanto, también con esos sistemas de información contribuyamos a generar mayor confianza y por supuesto a prevenir actuaciones que se pudieran alejar de la norma".
Por último, ha destacado el papel "protagonista" que en la nueva ley están llamadas a jugar las pequeñas y medianas empresas en "la planificación de diversificación de productos" se refiere.
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