El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha mantenido un encuentro con representantes de los trabajadores de la empresa Louis Berger Aircraft, concesionaria del aeropuerto de la Base Naval de Rota, y el alcalde de la localidad, José Javier Ruiz Arana, en el que se ha analizado la situación laboral en la que se encuentran y ha reiterado el apoyo de la Junta a este colectivo.
En este sentido, el vicepresidente les ha trasladado que se dirigirá por escrito a los ministerios de Asuntos Exteriores y de Empleo para que intercedan en el conflicto laboral que afecta a los trabajadores españoles de dicha empresa.
El vicepresidente ha lamentado que “nos encontremos en la misma situación que hace un año, cuando me dirigí a la ministra de Defensa diciéndole que no es posible que el Ministerio esté de espaldas a una situación que está provocando una gran alarma entre los trabajadores”. Según ha indicado, la ministra contestó que no era responsabilidad de su departamento y, desde entonces, el escenario no ha mejorado y ya se han producido ya 23 despidos de los 138 trabajadores que quedan en la plantilla, lo que genera una situación de “incertidumbre entre los trabajadores y la propia población y la comarca”.
En su opinión, no es posible entender que no se defienda la posición de los trabajadores. El vicepresidente de la Junta ha recordado que hay un compromiso de que “a un incremento de marines norteamericanos se contemplaba un incremento de trabajadores españoles” y que, sin embargo, “se están produciendo externalizaciones que significan despidos para los trabajadores españoles”.
Asimismo, también ha lamentado que la empresa adjudicataria tenga este clima de malestar con los trabajadores y que los servicios mínimos durante la huelga -que fija la Delegación del Gobierno de España en Andalucía- han sido declarados abusivos. En este sentido, ha señalado que el Gobierno de España (Ministerio de Defensa, Asuntos Exteriores y Empleo) tiene que “implicarse” porque no se está cumpliendo el acuerdo bilateral entre España y el Gobierno norteamericano y así “le tiene que trasladar al Gobierno americano las compensaciones necesarias”.
El vicepresidente ha manifestado que la Junta apoya la cooperación en materia defensiva entre España y Estados Unidos en la instalación y uso de las bases por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero entiende que es necesario que este apoyo siga comportando el mutuo beneficio. Un beneficio que ha de materializarse en contraprestaciones en el ámbito laboral, mediante la creación de empleo duradero y de calidad. "Por esto, reclamamos al Gobierno de los EE.UU. que mantenga los puestos de trabajo en la plantilla de servicios civiles de la Base, que no prosiga con la política actual de despedir a trabajadores españoles", ha señalado.
Aunque la competencia sea del Gobierno central, el vicepresidente de la Junta ha querido dejar claro que "el Gobierno de Andalucía no da la espalda a los trabajadores. El Gobierno andaluz ha instado repetidamente (intervenciones en el Congreso de los Diputados, en el Senado así como en el Parlamento de Andalucía con la participación de los propios empleados) al Gobierno Central a que vele por los intereses de los trabajadores y a que plantee que, dada la ampliación contrastada del destacamento militar, se amplíe el personal de servicio español, tal y como demandaría la lógica bajo la premisa de que el empleo de los españoles es el que está en juego. El Gobierno andaluz transita todas las vías posibles para acercar posiciones entre gobierno central y la base aérea. Y lo seguirá haciendo".
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