El arranque del juicio del caso ERE enfila su final. Superadas las formalidades iniciales (lectura de los escritos de acusación y defensa, y las cuestiones previas planteadas por cada una de las partes), al tribunal sólo le queda ya entrar de lleno en el meollo del asunto.
Lo primero será decidir sobre la petición de la Fiscalía, a la que ayer se sumaron las acusaciones populares del PP y Manos Limpias, para concretar el objeto del juicio. Las defensas se oponen, pues el juicio del caso ERE es mucho más que la trama política del mismo. Y de lo que el tribunal de la Audiencia decida a este respecto dependerá buena parte de la estrategia de defensa de los 22 antiguos altos cargos que se sientan en el banquillo.
También deberá decidir el tribunal si a los cargos que el fiscal les imputa (prevaricación a todos y malversación a muchos de los procesados) hay que sumar el que plantea la acusación del PP de asociación ilícita, por el que solicita dos años de cárcel para cada uno, al que tanto las defensas como la Fiscalía se opusieron.
Las defensas criticaron que el PP incluyera este delito en su escrito de acusación, ya que éste no se planteó durante la instrucción, ni hubo posibilidad de interrogar a los procesados al respecto, lo que, entienden, vulnera su derecho a la defensa.
Siete de los 22 acusados, entre ellos el expresidente de la Junta Manuel Chaves, sólo se enfrentan a penas de cárcel por este delito, ya que no están acusados como el resto de malversación, sino sólo de prevaricación.
También se opusieron ayer, por último, tanto las defensas como el Ministerio Fiscal, a que declare como testigo en el juicio la presidenta de la Junta, Susana Díaz, como solicitaron los abogados que ejercen la acusación popular en nombre del PP.
La Fiscalía argumenta su rechazo en que “no procede”. Y algunos de los abogados defensores denuncian la intención del PP de “contaminar políticamente” este juicio.
El juicio del caso ERE quedó ayer suspendido hasta el 12 de febrero. El tribunal se tomará este tiempo para decidir sobre las cuestiones previas planteadas por las partes, antes de iniciar los interrogatorios.
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