Andalucía

Las defensas alegan delitos prescritos y acusaciones imprecisas

Cada parte responderá a partir del lunes las cuestiones previas planteadas por el resto en el inicio del juicio de la pieza política.

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  • Álvarez (de espalda), Chaves, Griñán y Zarrías -
  • La mayor parte de las defensas se opondrá a que se delimite el objeto del juicio como pide el fiscal
  • El abogado de Zarrías denuncia el intento del PP de politizar el juicio pidiendo que declare Díaz

La defensa del ex consejero de Empleo José Antonio Viera ha solicitado al tribunal de la Audiencia de Sevilla que enjuicia la pieza política del caso ERE que de por prescrito el delito de prevaricación de que lo acusan. La de Magdalena Álvarez, también ex consejera, ella de Hacienda, y también procesada, ha pedido que se excluya el de asociación ilícita que le imputa la acusación popular que ejerce el PP. Y la de Carmen Martínez Aguayo, sucesora de Álvarez al frente de la Hacienda andaluza, que los 22 procesados en la causa, todos antiguos altos cargos de la Junta, incluidos los ex presidentes Chaves y Griñán, declaren después de los testigos y peritos, dada la “imprecisión de las acusaciones”.

Las partes han planteado ya las cuestiones previas en el inicio del juicio central del caso ERE, que se reanudará el lunes próximo con la valoración que cada una de las partes haga de las mismas.

Es muy probable que las defensas se opongan a la petición que hizo el martes la Fiscalía para que el tribunal delimite de la forma más concreta posible el objeto del juicio y determine si en él se van a enjuiciar cada una de las ayudas concedidas al amparo del procedimiento específico que se juzga en este proceso.

También deberán pronunciarse sobre la solicitud de los abogados del PP para que comparezca la presidenta de la Junta, Susana Díaz, como testigo. La defensa del exconsejero Gaspar Zarrías ya ha manifestado su oposición, por entender que el PP únicamente intenta “politizar” el juicio.

El juicio se reanudará el lunes y si fuera preciso se prolongaría el martes. Una vez que las partes se pronuncien, el tribunal suspenderá el juicio el tiempo suficiente para tomar una decisión sobre las cuestiones previsas planteadas, antes de iniciar la fase de interrogatorios a procesados, testigos y peritos.

Por otro lado,  el juez de Instrucción 2 de Sevilla ha incoado diligencias para investigar una carta anónima y manuscrita enviada a la juez María Núñez Bolaños, en la que se recogen amenazas de muerte a la magistrada que instruye la macrocausa de los ERE.

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