El dirigente popular cargó ayer las tintas sobre un documento editado por el Gobierno andaluz denominado “cien días, cien iniciativas”, asegurando que “no puede haber un balance más pobre”, ya que significa que en este periodo de tiempo, cada día una consejería ha aprobado una iniciativa, lo que quiere decir que los catorce consejeros restantes “estaban de vacaciones”.
Además, acusó a Griñán de incluir leyes que aún son borradores, como la del agua, y otras que ni siquiera han llegado al Parlamento, como la de inclusión social, o citar como iniciativa el encuentro del presidente andaluz con el vicepresidente tercero de Política Territorial, Manuel Chaves.
“La pobreza del balance les ha llevado a hacer el ridículo en el documento”, decía Sanz, quien criticaba la “parafernalia” que ha rodeado el balance de los cien días y el excesivo gasto en publicaciones de la Junta -36.000 euros al día-, lo que consideró una falta de respeto a los parados, a los que no se les ha ofrecido solución. Para Sanz, el titular del balance debía haber sido “cien días, 540 parados al día”.
Además, criticaba que Griñán hubiera condicionado los pactos sobre materias como educación o agua “chantajeando a la oposición” y “queriendo taparles la boca” ante los escándalos socialistas, lo que consideró un claro ejemplo de déficit democrático. “El acuerdo y el diálogo a cambio del chantaje del silencio del PP”, reiteraba Sanz para asegurar que Griñán está “muy equivocado” y que los populares “no se someterán” porque la oposición “está para denunciar y también para sumar”.
Al hilo, Sanz apuntó que están a la espera de recibir oficialmente el acuerdo del Consejo de Gobierno que archiva la denuncia administrativa contra el ex presidente de la Junta por no inhibirse al aprobar la subvención a la empresa Matsa en la que trabaja la hija de Manuel Chaves para recurrirla por la vía administrativa, apuntando que es clara la estrategia de dilación del Gobierno andaluz.
Además, denunció la “interpretación torticera” de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos que realizan los servicios jurídicos de la Junta porque, según explicó, no es la administración la que tiene que advertir de la posible existencia de un hecho que vulnera la Ley, sino el alto cargo el que debe abstenerse de participar en el acto administrativo.
Reiteró que consideran que Manuel Chaves incurrió en una incompatibilidad muy grave y apuntó que la interpretación de la Ley que se hace en ese informe puede sentar un “precedente muy peligroso” con el que se pretende que “los altos cargos tengan patente de corso donde la Ley no se aplica y que transforma en costumbre el beneficio a los familiares”.
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