La Audiencia de Sevilla ha pedido a los 22 exaltos cargos de la Junta que serán procesados desde el 13 de diciembre en la pieza política del caso ERE que indiquen si cambian de letrado con "suficiente antelación para evitar la suspensión del juicio" y concreta un plazo de cinco días para hacerlo.
En una providencia remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), fechada el 24 de octubre y que completa otra del día anterior, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla indica que las partes tienen cinco días para notificar el cambio de letrado.
En la primera providencia la Audiencia señalaba que "habiéndose señalado el inicio del juicio para el día 13 de diciembre, y teniendo en cuenta la complejidad de la causa, el elevado número de acusados, testigos, peritos y prueba documental", las partes "en el supuesto de que alguna de ellas quisiera cambiar de letrado por otro que precise estudiar la causa, bien por voluntad de la parte de cambiar de letrado, bien por desistimiento del letrado, habrá de hacerlo con la suficiente antelación para evitar la suspensión".
Lo justificaba en la necesidad de "conjugar el derecho de defensa con el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas. Pues estas dilaciones afectarían no sólo a esta causa, sino también a otras, cuyo señalamiento o celebración de juicio pende de la finalización del enjuiciamiento de la presente causa", como el caso Invercaria, retrasado porque algunos de los investigados lo son en ambas causas.
En esta nueva providencia concreta el plazo en cinco días a contar desde la notificación de la misma.
El próximo 13 de diciembre comenzará en la Audiencia de Sevilla el primero de los juicios del caso ERE, relativa al "procedimiento específico" creado por la Junta de Andalucía por el cual durante una década se repartieron más de 800 millones en ayudas sociolaboral para empresas en crisis de forma "discrecional" y sin control previo.
En esta pieza serán juzgados 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los dos expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de varios exconsejeros, directores generales de Trabajo, el exinterventor general de la Junta o el exjefe de los servicios jurídicos del Gobierno andaluz-
Están acusados todos ellos de prevaricación y en la mayoría de los casos también de malversación de caudales públicos, delitos por los que la Fiscalía pide entre 2 y 10 años de prisión.
El juicio comenzará el 13 de diciembre con el planteamiento de las cuestiones previas de las partes durante tres sesiones, y será a partir del 9 de enero cuando comiencen las declaraciones de los acusados.
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