El Gobierno andaluz tiene como objetivo iniciar en 2018 la tramitación de una nueva Ley de Patrimonio que permita una mejor gestión de los inmuebles propiedad de la administración autonómica.
Así se recoge en el apartado de Orientaciones generales del proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2018, que fue aprobado el martes por el Consejo de Gobierno y remitido al Parlamento.
Según la Junta, en lo que respecta al ámbito patrimonial, se está trabajando para establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia, optimizando así los activos de los que dispone la administración y su régimen de gestión.
Se señala que el patrimonio de la comunidad es uno de los elementos esenciales para la prestación de los servicios públicos y para el ejercicio de las competencias que le son propias por lo que la política de patrimonio de la Junta está orientada a poner todos los recursos de la administración autonómica a disposición de la generación de riqueza y una adecuada prestación de los servicios públicos para los ciudadanos.
Con esta máxima, el Gobierno andaluz entiende que disponer de una normativa que lo haga factible es imprescindible por lo que se está trabajando en una nueva Ley de Patrimonio que sustituya a la actual normativa aplicable que data de 1986, cuando la administración autonómica apenas iniciaba sus primeros pasos.
En el proyecto, que será tramitado formalmente a lo largo de 2018, se simplifican procedimientos administrativos y se incorporan las nuevas tecnologías, especialmente en lo que al Inventario General de Bienes y Derechos se refiere, lo que ha de contribuir a una mayor eficacia en el uso y la gestión del patrimonio, todo ello bajo los principios de colaboración, interacción y transparencia.
Asimismo, se regularán figuras tales como la adquisición de edificios en construcción o adquisición por restitución de aportaciones o reducción de capital. Igualmente, se introducirán novedades en el régimen de permuta, en donde se incluye también la figura del cambio de suelo por obra, con determinadas cautelas fundamentalmente tendentes a evitar eventuales perjuicios en el patrimonio público, a cuyo fin se impondrán técnicas de reserva de dominio o constitución de garantías, de manera que cuando la administración entrega el suelo, tenga instrumentos que garanticen que se le entregará la obra futura o que al menos se minimiza el perjuicio que pueda ocasionársele.
En este ámbito se tiene prevista la redacción del Plan Sedes, el cual reflejará la situación de las sedes administrativas (localización, régimen de propiedad, superficie y ratio por persona) y modulará las pautas de reorganización espacial, construcción de nuevas instalaciones en superficies disponibles y la necesidad de suelo, en su caso, mejorando tanto las condiciones de trabajo de los empleados públicos como la prestación de un adecuado servicio a la ciudadanía en edificios funcionales y eficientes, y sometiéndose a los principios básicos, cuales son la versatilidad, el equilibrio centro-periferia, el equilibrio reconstrucción-rehabilitación/nueva construcción y la tendencia a reorganización de sedes y construcción de edificios nuevos en propiedad y eficiencia energética.
Igualmente, se plantea una nueva organización de la flota de los vehículos de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales mediante la creación de un modelo de gestión integral del parque móvil de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
