Marta, que entonces tenía 17 años, no regresó a su casa en la noche del pasado 24 de enero y sus padres dieron de inmediato la voz de alarma y organizaron un dispositivo de búsqueda entre los lugares de concentración juvenil de Sevilla.
El 14 de febrero fue detenido Miguel C. D, de 19 años, un ex novio de la chica con el que había quedado aquella tarde, que desde entonces cumple prisión incondicional, así como un menor de edad que supuestamente participó en la violación y posterior estrangulamiento de la joven y su amigo común Samuel B. P, que presuntamente les ayudó a deshacerse del cuerpo.
El cuerpo de la víctima sigue sin aparecer, después de que durante dos meses un dispositivo de doscientas personas lo estuvo buscando en el río Guadalquivir y posteriormente en el vertedero de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), tras un cambio de versión del principal inculpado.
Los investigadores policiales, en entrevistas periodísticas publicadas en las últimas semanas, no han descartado que el cadáver pueda ser localizado aún en el río y el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, ha asegurado que la decisión de reanudar allí la búsqueda sólo depende de que lo decida el juez instructor.
Junto a los presuntos autores materiales de la violación y asesinato, el juzgado de instrucción 4 de Sevilla mantiene en libertad, aunque imputados de un delito de encubrimiento, a un hermano mayor de Miguel y a su novia, que estuvieron en el piso de la calle León XIII de Sevilla donde se produjo el crimen en la madrugada del 25 de enero, cuando supuestamente fue trasladado el cuerpo.
La Fiscalía de Sevilla adelantó la semana pasada que Miguel C. D. y el menor de edad están imputados de dos delitos de violación cada uno y de otro de asesinato, por lo que la condena para el acusado que es mayor de edad podría alcanzar los 50 años de cárcel.
Fuentes del caso han explicado a Efe que el delito de violación, penado con 6 a 12 años de cárcel, tiene una condena agravada de 12 a 15 años de cárcel cuando se den una serie de circunstancias, dos de las cuales supuestamente concurren en este caso: la actuación conjunta de dos o más personas y el uso de armas o medios peligrosos susceptibles de producir la muerte.
La instrucción judicial, que se encuentra en sus últimas fases, está pendiente de que el juez decida si los hechos se enjuiciarán por un tribunal profesional, como se pensaba hasta ahora, o por un jurado popular, en aplicación de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo a raíz de la violación y asesinato de dos policías de L'Hospitalet (Barcelona).
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