Según ha explicado Álvarez a Efe, en abril pasado abrió una investigación a raíz de la queja que le presentó José Manuel Carrión, abogado de Francisco Javier D. M, hermano mayor del asesino confeso de Marta, al haberse enterado por la prensa de la decisión de la Audiencia de Sevilla de mantenerle en prisión como presunto encubridor del crimen.
En su resolución, el presidente de la Audiencia sevillana destaca que el caso Marta del Castillo tiene muchas partes personadas y no se ha podido determinar quién pudo filtrar a la prensa la resolución de la Sección Primera de la Audiencia.
Pese a ello, Álvarez recoge en su resolución el daño que este tipo de filtraciones causan a la imagen de la Justicia y la necesidad de evitarlas.
Para ello, cita las palabras que pronunció el pasado 29 de abril el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, durante la toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, cuando censuró las "decisiones secretas que son publicadas a todos los vientos" y recordó a los jueces que hay que "guardar el secreto de las deliberaciones y resoluciones".
El presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, Joaquín Sánchez Ugena, informó a Álvarez de que la prisión de Francisco Javier D.M. se debatió por vía de urgencia, dada la trascendencia del caso, coincidiendo con el fin de semana del 4 y 5 de abril, y se notificó a los abogados en los primeros días de la siguiente semana.
La investigación abierta no ha podido constatar la autoría de la filtración, que carece de "relevancia disciplinaria", según la resolución, pero que de acuerdo con la normativa se ha comunicado al abogado que presentó la queja y a la Unidad de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Se trata de la segunda investigación por filtraciones a la prensa que es archivada, pues la misma suerte corrió una denuncia del decano del Colegio de Abogados sevillano, José Joaquín Gallardo, presentada el 29 de mayo pasado al juez instructor del "caso Marta" por la publicación en prensa de las escuchas telefónicas a los acusados y sus abogados en el locutorio de la cárcel.
En aquella ocasión la Policía citó a varios periodistas pero éstos se acogieron a su secreto profesional para no desvelar sus fuentes informativas en el sumario que investiga la muerte de Marta, acaecida el pasado 24 de enero y por la que están imputados el asesino confeso, Miguel C. D, y otras cuatro personas.
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