El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, confirmó ayer que su grupo ha registrado en el Parlamento la petición de una comisión de investigación sobre las más de cien subastas realizadas desde 2005 hasta ahora por la Junta de Andalucía y pidió a los socialistas que “si todo ha sido transparente y limpio”, apoye esta iniciativa. Al mismo tiempo, Sanz exigió a la Junta que suspenda las operaciones de subastas previstas para este año y que pague a los proveedores con los que tiene deudas, si es que tiene la liquidez de más de 6.000 millones que decía tener.
Según los datos aportados por el PP, en 2005 la Junta debía a proveedores 4.100 millones pero tenía en los bancos 4.340 millones; en 2006 la Junta tenía obligaciones de pago por valor de 4.700 millones de euros mientras disponía de 5.000 millones en los bancos, y en 2007 debía 5.341 millones y a la vez estaban en las entidades financieras 6.114 millones.
En 2008 la Junta ha hecho más subastas financieras por valor de 4.089 millones y por 3.600 millones, y en diciembre tiene previstas más, según afirmó Sanz, por lo que reclamó que no las realice y pague a los proveedores con esa cuantía.
Para el secretario general del PP-A, la actitud de la Junta es “claramente impúdica”, ya que mientras destina inversiones reales a operaciones de “especulación” con 17 entidades bancarias no paga a los proveedores, que son pequeñas y medianas empresas que tienen dificultades económicas, suspende varios programas que son generadores de empleo, como las ayudas a autónomos, y no construye nuevas autovías.
Según explicó, el origen de estas subastas se remonta al fraccionamiento presupuestario de los 2.500 millones procedentes del sistema de financiación autonómica 1997-2001, un procedimiento legal que se habilitó para que en 2005 esas cuantías no invertidas no se quedaran “en el calcetín” y pudieran rendir beneficios. Sin embargo, según Sanz, a esta operación establecida como “ocasional y temporal” le han seguido más de un centenar y la
Junta “le ha cogido el gusto”, apuntando que lo que quiere la ciudadanía de Manuel Chaves es que ejerza “como presidente de la Junta y no como banquero”, unas operaciones financieras que el Parlamento “debe investigar”.
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