El ya consumado recurso del Tribunal Constitucional que amenaza con reducir a la nada el decreto del Gobierno de Susana Díaz por el quela semana laboral de los empleados públicos se redujo de 37,5 a 35 horas enfangará el terreno político en lo que resta de verano, pero deja sobre todo en posición comprometida al líder de la oposición.
A Juanma Moreno le ha tocado en los últimos tiempos ejercer de diana del PSOE cuando el Gobierno central que dirige su partido ha movido hilos que San Telmo ha decodificado como agravios intolerables, desde la consabida infrafinanciación autonómica hasta el último capítulo de la merma de inversiones en los Presupuestos Generales o el “maltrato” que la Junta interpreta tras la pírrica inversión en el tramo del Corredor Mediterráneo. Piezas para ese puzzle ha encontrado de sobra Díaz. El problema es que en el conflicto de las 35 horas Moreno tiene complicada defensa porque se ve atrapado entre dos frentes. Haga lo que haga asume riesgos.
Acusado sin tregua por la presidenta de ejercer como “cómplice de Rajoy” ante los recortes y los desplantes de Moncloa, en este último conflicto el líder del PP-A se ha quedado sin margen de maniobra. No puede defender el recurso que el Ejecutivo nacional elevó al Constitucional el pasado 14 de julio porque estaría enfrentándose a una fuerza de casi 270.000 empleados públicos que han sufrido durante la crisis los hachazos de las restricciones. La impugnación del Gobierno central lo que hace, precisamente, es retornar a aquellos tiempos y la paciencia del sector público no admite ya nuevos mordiscos.
Moreno padece en su imagen como nadie el efecto del recurso y por eso se apresuró en ensayar un tibio desmarque. No podía levantar en exceso la voz contra su partido por lealtad orgánica, pero deslizó un ambiguo “voy a intentar negociar con Montoro” para que no hubiera suspensión automática cautelar. Estaba errando en su estrategia porque apenas una semana después el Tribunal Constitucional confirmaría que ese botón se había activado y las 35 horas, salvo que alguien logre convencer a Rajoy y Montoro para que anulen su congelación, serán historia en septiembre.
Además de fracasar en ese primer amago de solución, Moreno es el rostro en Andalucía de un Gobierno, y por extensión del PP, que ahora apuesta por regresar a las 35 horas a lo largo de 2018 y extenderlas a todo el país. Más allá de su obligación de frenar cualquier órdago político autonómico Moncloa no ha sabido explicar por qué recurre entonces ahora lo que pretende implantar cuando caiga la hoja del calendario de 2017. Moreno encarna esa duda en Andalucía y está sufriendo el desgaste. Tanto que este miércoles su número dos, López López, lanzó un par de mensajes nada casuales: defendió que para él “lo primero es Andalucía” y que cuenta “con el respaldo de su partido”, que cierra filas a su alrededor pese al complicado equilibrismo que improvisa.
Ni contigo ni sin ti
Moreno no puede censurar por coherencia a su partido, que le ha hecho flaco favor con el recurso, pero tampoco distanciarse de los intereses de los funcionarios. 270.000 votos son muchos votos. Por eso estos días ha vuelto a insistir en que no se mueve de su posición de reclamar que no haya suspensión. Apuesta por el “diálogo” y por encontrar una “solución jurídica”, pero este miércoles el PSOE le metió en el saco de la “crueldad” que denuncia trae aparejada el recurso ante el TC. Si Morenopide que que se anule la suspensión aparenta debilidad porque secunda a Díaz, pero si la defiende cava una tumba. Demasiadas trampas.
Y salvo milagro tras el verano habrá movilizaciones. CSIF, UGT y CCOO dieron ayer el primer paso y anunciaron una gran protesta el 12 de septiembre en las ocho provincias y otra general en Sevilla. El reloj corre ya en contra.
Fondos de empleo, enésima bronca...
El Ministerio de Empleo aprobó este miércoles el reparto de otros 166,79 millones de euros en fondos para el empleo que se suman a los que ya se asignaron en abril. De esa cantidad, Andalucía recibe 39,9 millones. El dato, cómo no, inauguró a las pocas horas otra bronca entre Gobierno central y Junta de Andalucía. El Ejecutivo de Díaz se queja de que la cantidad sólo crezca un 7,7% cuando la media para el resto de regiones es del 14,8%. Antonio Sanz, delegado del Gobierno, replicó que “la culpa es suya” porque en tres años ha dejado de aplicar el 96%.
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