Acaba de celebrarse en Huesca el II Congreso Nacional de Despoblación en el Medio Rural, con gran éxito tanto de asistentes como de ponentes y en el que se ha hablado sobre la situación actual, que es más acuciante cada día, y las posibles medidas a adoptar, encaminadas básicamente a la aportación de fondos y la elaboración de estrategias públicas, en lo que estoy de acuerdo con prácticamente todo.
Pero hay algo que me ha resultado muy sorprendente y es que en un Congreso sobre Despoblación Rural no se trate de la fusión de Ayuntamientos, no habiendo merecido más consideración que la referencia hecha por la jefa de Gabinete de la Diputación de Albacete para rechazarla, cuando, aunque ésta no es la peor provincia, sin embargo está por debajo en todos los indicadores relacionados con el minifundismo local: no tiene ningún Ayuntamiento por encima de los 35.000 habitantes salvo la capital, la media de habitantes por Ayuntamiento es un 21 % más baja que la nacional y el número de vecinos por concejal también es un 28 % menor, con lo que no querer hablar de esto parece más bien una frivolidad.
El medio rural tiene posibilidades pero no pueden ser a cambio de sacrificios de sus habitantes, que ven cómo en otros lugares de mayor población disfrutan de unas prestaciones que ellos no pueden ni imaginar, porque a los vecinos de los pequeños Ayuntamientos la prestación de servicios les cuesta un 33 % más que a los que viven en otros de entre 5.000 y 7.000 habitantes, que a mi juicio es hacia dónde deberíamos caminar, mientras soportan unos gastos generales de prácticamente el doble.
Pero no se trata sólo de inyectar fondos sino de tener administraciones suficientemente capacitadas para gestionarlos. Y éstas no pueden ser las que refleja la planta municipal actual, donde el 60 % de los Ayuntamientos tienen menos de 1.000 habitantes, de los que 2.800 no llegan a 250, y 1.270 ni tan siquiera a 100. Y si descendemos al detalle sobre su representatividad, vemos cómo en los de menos de 1.000 habitantes hay un concejal por cada 53 vecinos; en los de menos de 250, uno por cada 28, y en los de menos de 100, uno por cada 19, mientras que en los que están entre los 5.000 y los 7.000 habitantes hay uno por cada 450, lo que parece indicar mayor capacidad de organización y gestión para rentabilizar ese dinero que se pudiera invertir en ellos.
Seguramente oiremos que los ediles de esos miniayuntamientos no cobran nada. Pero esa no es la cuestión. Un Ayuntamiento no es una ONG sino una Administración Pública, con todas sus consecuencias. Y eso es lo que necesita el medio rural para que se puedan aplicar con eficacia todas esas medidas, estrategias e inversiones. Y aunque sea verdad que la inmensa mayoría no cobran, lo que sí es cierto es que todos ellos tienen su sede en una Casa Consistorial, y ésta sí que tiene sus gastos, habiendo una por cada 285 habitantes de media en los municipios de menos de 1.000 habitantes, por cada 116 en los de menos de 250, o por cada 58 si no llegan a 100. Lo cual es insostenible, social y económicamente.
Y lo inconcebible es que en un Congreso sobre despoblación rural no se hable de todo esto. No digo que se haga bandera de la fusión de Ayuntamientos, como hacemos muchos, lo que pido es que se hable sin miedo ni reservas. Que haya, cuando menos, una Mesa específica sobre este tema para que se puedan valorar los pros y los contras. Y si se va en esa línea o en la contraria, que sea con fundamento y tras un proceso de diálogo, no de menosprecio a una propuesta que tiene la misma legitimidad que cualquier otra. Lo contrario es seguir con la política de grandes palabras y grandes proyectos pero a la vez del avestruz, mientras que cada día se marcha más gente de los pequeños pueblos, con lo que supone de drama social, personal y familiar que creo que ninguno queremos.
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