La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se movilizará esta semana para tratar de frenar la subasta, ordenada por el Banco Santander, de una vivienda en Moncayo, en Algeciras sobre cuyas cláusulas hipotecarias existe una demanda interpuesta por la propia PAH.
Los titulares de la hipoteca son una pareja joven con dos niños pequeños con unos ingresos de mil euros mensuales, de los cuales 520 deben destinarlos al pago mensual de dicha hipoteca.
Durante la negociación con la entidad bancaria tras los impagos, el Santander les ofreció, según explica la PAH, para llevar a cabo la reestructuración hipotecaria la firma de un avalista, en este caso los padres de uno de los miembros de la pareja, que incluye una cláusula de asentamiento, esto es, que en caso de impago los padres perderían antes su vivienda. Ante esta situación, se niegan a firmar y el banco no ofrece más alternativas.
Al estudiar el caso, la PAH detectó que la hipoteca contenía una serie de cláusulas abusivas, motivo por el cual demandó ante el Juzgado de lo Social de Cádiz, que ha fijado la vista del caso para el día 17 de octubre. Por ese motivo no entienden que el 10 de julio esté fijada la subasta de la vivienda cuando existe este otro proceso en curso ante el Juzgado de lo Social en Cádiz.
El caso se inició en el año 2014, hace algo más de dos años, cuando la pareja titular de la hipoteca comunicó al Banco Santander que no podían hacer frente a su hipoteca y solicitaron la reestructuración de la misma, ateniéndose al real decreto que regula este tipo de casos. Solicitaron una dación en pago parcial.
La PAH denuncia también la actuación del abogado de oficio que le asignaron en abril, del que dicen que no se ha puesto en contacto con la pareja.
Problemas personales
Desde la Plataforma denuncian también cómo está afectando de manera psicológica a los afectados esta situación y la dilación de la misma. La mujer ha pasado por problemas psicológicos y uno de sus hijos también ha tenido problemas de salud.
Del mismo modo, insisten en que los avalistas también están limitados económicamente y no están en disposición de perder su vivienda a consecuencia de un acuerdo que desde la PAH consideran abusivo por parte de la entidad bancaria.
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