La Audiencia Nacional ha archivado la investigación por la muerte del cabo malagueño Francisco Javier Soria, el 28 de enero de 2015, por el impacto de un proyectil israelí en el Líbano, asegurando que se trató de “un acto de guerra” y no de terrorismo. Un argumento que no convence a su madre, que ha recurrido esta decisión, y recuerda que su hijo estaba en una misión humanitaria de la ONU.
Margarita Toledo insiste en que el Gobierno le dé explicaciones de lo ocurrido y asuma su responsabilidad y teme correr la misma suerte que los familiares del Yak-42, que han cerrado la herida casi 15 años después.
La lucha de esta madre llegará al Congreso de los Diputados de la mano de Unidos Podemos, que insiste en la necesidad de que el Gobierno cuente con un protocolo de atención a los familiares de víctimas en misiones militares españolas para evitar que haya “víctimas de primera y segunda”.
A nivel municipal, el grupo Málaga para la Gente promoverá una moción institucional para poner el nombre del Cabo Soria a alguna calle, plaza o parque de Málaga y que el militar fallecido reciba una Mención Honorífica Especial.
La viuda del soldado recibió 220.000 euros en concepto de indemnización del gobierno de Israel, pero la madre del cabo insiste en que la muerte de su hijo, de la que se enteró por televisión, “no tiene precio” y no cesará hasta conocer qué ocurrió.
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