El campo de batalla en el que se ha convertido la tramitación de la futura Ley de Atención Temprana, de la que dependen los cuidados que reciben unos 20.000 menores de 0 a 6 años con problemas en su desarrollo, sumó este martes un nuevo capítulo en el ya de por sí eterno laberinto administrativo en el que ha encallado. El Consejo de Gobierno de la Junta se decantó en su reunión semanal por una de las dos propuestas registradas en estos momentos en paralelo en el Parlamento andaluz y lo hizo a favor de la que intuye como propia, la que presentaron de la mano en marzo PSOE y Ciudadanos. Esa iniciativa recibió este martes las bendiciones del Ejecutivo, mientras que la otra, impulsada en común por el resto de la oposición (Podemos, PP e IU) recibió el criterio desfavorable.
La paradoja es que la segunda de las proposiciones cuenta con el apoyo de la Plataforma de Atención Temprana, que asegura aglutina el respaldo mayoritario de las familias de los menores afectados. Su presidente, Antonio Guerrero, ha censurado en el último año hasta la saciedad lo que considera “traición” de Ciudadanos y PSOE por bloquear al unísono hace ahora algo más de un año, en febrero de 2016, la ley impulsada por Podemos. Aquel texto recogía todas sus reivindicaciones y se suponía que iba a salir adelante hasta que en el último minuto, apenas instantes antes de votarse, el grupo de Juan Marín anunció su voto contrario porque su diputada Marta Bosquet había mantenido con Susana Díaz una reunión de tres horas en San Telmo “de mujer a mujer” en la que la presidenta se había comprometido a movilizar más recursos.
Un año después las ayudas, el presupuesto y los tratamientos están contemplados en un decreto aprobado por la Junta en abril de 2016. El Gobierno de Díaz no se mostró interesado entonces en darle rango de ley, pero el PSOE se adhirió el mes pasado al proyecto que registró por sorpresa Cs el pasado marzo, tachado de “paripé” por el resto de partidos y por la Plataforma de Atención Temprana al interpretar que es una mera traslación del decreto ahora vigente. Ésa es la proposición a la que este martes abrió la puerta el Consejo de Gobierno, mientras que la posterior de Podemos, PP e IU se intenta bloquear. Se debatirá en el Parlamento, pero el criterio desfavorable del Ejecutivo aventura que salvo sorpresa de última hora morirá en la orilla.
Los argumentos
Al portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, le tocó tirar de argumentario. La proposición de ley de PSOE y Cs es aceptada porque “refuerza” el espíritu del decreto en vigor, al que atribuye haber sido capaz de reducir listas de espera y aumentar de 45 a 60 minutos el tiempo en las sesiones que reciben los menores. Además, le atribuye el beneficio de estar marcada por un concepto de atención “integral”, que englobaría prestaciones sanitarias, pedagógicas y de igualad, mientras que la otra iniciativa sería “casi exclusivamente sanitaria al incluirla en la cartera del SAS”, precisamente una reclamación de la Plataforma de Atención Temprana.
La citada Plataforma no tardó en replicar. Su presidente, Antonio Guerrero, reclamó “entendimiento” entre los partidos para “dejar de aparentar un Parlamento dividido cuando la sociedad no lo está porque apoya a los niños”. También puntualizó algunas de las ventajas que la Junta atribuye al decreto en vigor, como el de la reducción de listas de espera. Eso, según Guerrero, se ha logrado porque hay familias que “incluso aceptan que se recorten tratamientos a sus hijos para beneficiar a otros”.
“Hartos de pedir dinero prestado”
Antonio Guerrero recita sin cesar casos en los que padres han tenido que hipotecar sus casas para hacer frente a tratamientos de sus hijos. “Las familias estamos cansadas, hartas de pedir dinero prestado, de tirar de los abuelos o simplemente de ver cómo nuestros hijos se quedan estancados”, lamentaba en su queja por la falta de recursos y tras conocer el veto del Consejo de Gobierno. La Junta replica que el montante se incrementa hasta 34 millones en 2019.
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