Toda la bronca política acumulada desde el arranque de la legislatura por culpa de la composición de la Mesa del Parlamento pareció aplacada en enero cuando Patricia del Pozo logró por fin el sillón que reclamaba insistentemente desde 2015, pero la solución resultó un espejismo. El atajo legal con el que el presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, acató la sentencia del Tribunal Constitucional que le obligó a encontrar hueco a su lado a la diputada popular desplazada hace dos años dará ahora más trabajo a ese mismo órgano judicial.
El cambio de asientos lo propició la resolución del TC de diciembre y a esa misma puerta vuelve ahora a llamar en forma de recurso de amparo Izquierda Unida, el partido perjudicado por la decisión de Durán cuando obligó al diputado José Antonio Castro a dejar su lugar a Del Pozo, pasando de secretario tercero a mero vocal con voz y sin voto.
El conflicto se ve azuzado de nuevo ahora porque IU nunca compartió, por lógica, que la solución de que el PP ganase un representante en la Mesa fuese a costa de perder el suyo. La coalición propuso pasar de los siete representantes actuales a ocho para solucionar el entuerto, pero esa vía no fue atendida. El coordinador de la coalición de izquierdas, Antonio Maíllo, anunció este jueves que su formación acude al Constitucional porque Castro ha visto vulnerado su “derecho fundamental a la participación”. El escrito dirigido al TC está redactado y avalado por Joaquín Uría, profesor de Derecho Constitucional. Ambos defendieron que no atacan la decisión del Constitucional, que se limitó a aclarar a Durán que Del Pozo tenía razón en su reclamación, sino contra la que adoptó éste.
Ahí, según, Maíllo, lo que hubo fue una “decisión política” porque el presidente del Parlamento lo que habría hecho es garantizar a su partido, el PSOE, una mayoría suficiente al unir sus tres representantes al cuarto de Cs en una Mesa de siete miembros. Una Mesa de ocho se habría visto sumergida en un empate de cuatro (tres de PSOE y uno de Cs) contra otros cuatro (dos de PP, uno de Podemos y uno de IU). Cambiar simplemente el peón de IU por el del PP evitó a Durán ese riesgo.
Un laberinto legal
Todo se remonta a abril de 2015, cuando tocó formar la Mesa del Parlamento. Se votó y la composición debería haber sido la que marca el artículo 36 del Reglamento, de mayor a menor respaldo. Patricia del Pozo fue la segunda más votada para ser secretaria de la Mesa, pero entonces salió a relucir el artículo 34, que obligaba a reservar sitio a IU porque todos los partidos deben tenerlo. Luis Pizarro, presidente de la entonces Mesa de Edad, optó por la vía fácil: prescindir de Del Pozo (PP) y sentar a Castro (IU). La operación la tumbó el TC en diciembre y aquélla ganó su asiento. Uría y Maíllo coincidieron ayer en que lo que debe hacer el presidente es aplicar ambas cosas ampliando la Mesa de 7 a 8 miembros.
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