Andalucía

La Fiscalía Anticorrupción pide 12,5 años de prisión para Del Nido por el caso de las minutas de Marbella

La Fiscalía Anticorrupción acusa a 18 personas en el caso sobre las presuntas irregularidades en los encargos del Ayuntamiento de Marbella al abogado José María del Nido, causa en la que también está imputado el ex alcalde Julián Muñoz.

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  • El abogado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido. -
  • El abogado facturó más de tres millones de euros en dos años al Consistorio y a sociedades municipales
La Fiscalía Anticorrupción acusa a 18 personas en el caso sobre las presuntas irregularidades en los encargos del Ayuntamiento de Marbella al abogado José María del Nido, causa en la que también está imputado el ex alcalde Julián Muñoz.

En el escrito de acusación presentado ayer ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, que consta de 199 folios y al que ha tenido acceso Efe, el fiscal pide la apertura de juicio oral y acusa a los procesados de los delitos continuados de asociación ilícita, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad, entre otros.

El letrado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido, se enfrenta a doce años y medio de prisión e inhabilitación durante siete años para el desempeño de cargos de administración o representación de sociedades, para contratar con las administraciones públicas y obtener concesiones o subvenciones de las mismas.

Además se le pide cuatro años de inhabilitación especial para la profesión de abogado y diecisiete años más de inhabilitación para empleo o cargo público.

Los delitos que se le imputan al presidente del Sevilla FC son asociación ilícita, prevaricación administrativa continuada, fraude en concurso ideal con malversación de caudales públicos, falsedad documental, societario así como delito de desleal profesional, entre otros.

El fiscal pide que Julián Muñoz sea condenado 14 años de prisión y 48 de inhabilitación por los delitos de asociación ilícita, prevaricación administrativa continuada, fraude en concurso ideal con el delito de malversación de caudales públicos y societario, entre otros.

Además de Muñoz y Del Nido, entre los encausados se encuentran el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, y cerca de una decena de ex concejales y el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, al que se le acusa de prevaricación de funcionario público, dos delitos de falsedad documental y malversación.

Por su parte, Roca se enfrenta a una petición de seis años y diez de inhabilitación por un delito de fraude en concurso ideal con un delito de malversación de caudales públicos.

Los ex concejales Tomás Reñones, Marisa Alcalá, Rafael González, Alberto García Muñoz, Javier Lendínez y José Luis Fernández Garrosa serían autores de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Más de tres millones de euros facturados en dos años

El origen de este proceso es una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2006 en la que consta que el abogado José María del Nido, facturó directamente entre 2000 y 2001 un total de 1,5 millones de euros procedentes del Consistorio marbellí y 1,6 millones de las sociedades municipales.

La Fiscalía estableció en aquel momento que había "abundantes y evidentes indicios" de que Julián Muñoz y Del Nido llevaron a cabo una acción concertada para enriquecer al letrado a costa del erario municipal, con la cobertura formal de unos encargos que, en algunos casos, no se corresponden con el trabajo desempeñado y, "en ningún caso, justifican el enorme desembolso de fondos públicos efectuado".

El fiscal en su escrito concluye destacando que a partir de la moción de censura del 13 de agosto de 2003 que provocó la marcha de Julián Muñoz "y la consecuente exclusión de su estrecho colaborador, el letrado Jose María del Nido, como asesor jurídico municipal, el coste anual por servicios externos de asistencia y asesoramiento jurídico del grupo municipal en su conjunto descendió en un 62 por ciento".

Y añade "sin que por ello la Entidad se haya visto privada de la asistencia jurídica necesaria para la defensa del interés público municipal en asunto alguno".

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