Las víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois en julio de 2013 prosiguen su lucha en busca de "toda la verdad" sobre el siniestro que acabó con la vida de 80 personas y esta semana volverán a Bruselas con la esperanza de que el papel de Europa sea fundamental para que se depuren responsabilidades.
Primero intervendrán ante la comisión de peticiones, donde expondrán dos denuncias que interpusieron contra España, y después volverán a reunirse con responsables de la Agencia Ferroviaria Europea.
En este órgano, y apoyándose en sus tesis sobre las exigencias en materia de seguridad, tienen puestas sus esperanzas para que la causa no se cierre "en falso" y se depuren las responsabilidades que están convencidos que existen detrás del siniestro.
Así, una delegación de la plataforma de afectados compuesta por Jesús Domínguez, Rogelio Bernardo y Teresa Gómez-Limón estará en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo este martes de la mano de la representante del BNG en Europa, Ana Miranda, que pidió en días pasados que el juez que instruye el caso cite a declarar a los directivos de la Agencia Ferroviaria Europea --que emitió un informe muy crítico con la investigación realizada por la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF)--.
COMISIÓN DE PETICIONES
La jornada empezará formalmente a las 11,40 horas en la Eurocámara, adonde llegaron las denuncias de los afectados a través del Bloque, mediante el grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea.
Empezará tomando la palabra la presidenta de la comisión de peticiones, para dar paso a un miembro de la Comisión Europea --se trata de un órgano de control al Ejecutivo--.
Este miembro será Josef Doppelbauer, director ejecutivo de la Agencia Ferroviaria Europea, a quien seguirán los grupos parlamentarios y, a continuación, diputados libres.
Josep Maria Terricabras y Tatiana Zhdanok (ambos de Los Verdes/ALE) defenderán la tesis de que en Angrois hay más responsabilidades por depurar que el error del maquinista, y solicitarán que la Agencia Ferroviaria Europea comparezca en el procedimiento del que se encarga el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago.
Después les tocará hablar a los peticionarios: Jesús Domínguez se ocupará de exponer la denuncia por incumplimiento de la normativa europea de seguridad y Teresa Gómez-Limón hará lo propio con el supuesto delito de publicidad engañosa (la línea se vendió en su día como de alta velocidad pero las víctimas critican que no tenía las prestaciones necesarias para ello, por la ausencia del sistema de control del frenado 'ERTMS', entre otras cuestiones).
Aunque no es habitual su utilización, Doppelbauer podrá entonces intervenir por segunda vez, y ese mismo día se resolverá sobre si las denuncias siguen su curso.
REUNIÓN CON LA ERA
Ya el miércoles 25, la Agencia Ferroviaria Europea (ERA en sus siglas en inglés) recibirá de nuevo a las víctimas. Los actores de este encuentro serán los mismos que en las dos anteriores ocasiones (noviembre de 2015 y julio de 2016).
Así, Domínguez, Bernardo y Gómez-Limón, junto con Ana Miranda --impulsora de esta reunión y de las precedentes--, se volverán a entrevistar con el director ejecutivo de la Agencia Ferroviaria Europea, Josef Doppelbauer, y los máximos responsables de seguridad de este ente europeo.
Un ente que emitió un informe muy crítico con la investigación realizada por la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), órgano adscrito al Ministerio de Fomento y que únicamente atribuye la tragedia al "exceso de velocidad del tren" y la "falta de atención" del maquinista al responder una llamada telefónica.
El maquinista es ahora el único imputado en la causa, pero durante la investigación judicial, reabierta por la Audiencia Provincial de A Coruña para dilucidar si Adif y Renfe desarrollaron correctamente la evaluación integral de riesgos en la línea Ourense-Santiago, llegaron a estarlo altos cargos del administrador de infraestructuras ferroviarios.
El informe que sostiene que la investigación de Angrois no fue independiente y faltan "elementos clave" fue trasladado a las víctimas en Bruselas en julio de 2016, después de que en noviembre de 2015 los responsables de la dirección general de transporte de la Comisión Europea (DG Move) y miembros de la agencia ferroviaria se comprometiesen a estudiar su caso.
Y hace ahora ya tres años y medio, el 24 de julio de 2013, fue cuando se produjo el descarrilamiento. Desde entonces, los afectados y sus familiares no han bajado los brazos y han seguido llevando sus demandas a diferentes instancias. Actualmente las mayores esperanzas las tienen puestas en la actuación de Europa.
De hecho, reivindican que, en parte por su presión, en este momento el juez Andrés Lago Louro --segundo instructor, después de Luis Aláez-- no descarta hacer caso a su reclamación (coincidente con la del fiscal y la del abogado del maquinista) de pedir un nuevo informe a la Agencia Ferroviaria Europea.
La idea es que sea este órgano especializado el que dictamine sobre el análisis de riesgos en la línea y, en concreto, en la curva de A Grandeira, un punto del tramo Ourense-Santiago en el que el tren debe reducir la velocidad de unos 200 kilómetros por hora a unos 80, y en el que no estaba instalado el 'ERTMS'.
Así las cosas, en este escenario, el martes 24 y el miércoles 25 se presentan como dos nuevas fechas importantes para la resolución del caso por el accidente del Alvia. Apenas dos días después, el 27, acaba el plazo para que los peritos aporten al magistrado Lago Louro nuevos estudios sobre el análisis de riesgo.
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