A la Cámara de Cuentas de Andalucía no le cuadra el resultado final de la operación que la Junta activó en 2014 para lograr una inyección de capital de hasta 300 millones de euros. En plena crisis y con las arcas públicas ansiosas de nuevos ingresos, la Administración autonómica se acogió al sistema de enajenación y posterior arrendamiento de sus inmuebles, fórmula que aplicó a 70 incluidos en su amplio catálogo de propiedades. Secundaba así una solución de urgencia a la que se acogió en aquella época un buen número de empresas con problemas de tesorería, en especial la banca, y que consiste en vender edificios pero permanecer en ellos pagando un alquiler al nuevo dueño. Se pierde la propiedad pero se ingresa una cantidad considerable y se evita, además, afrontar los intereses a largo plazo de un crédito.
Dicho y hecho, la Junta se deshizo de 70 edificios y los sigue ocupando hoy pagando rentas, algo que en el sector inmobiliario se conoce como sale and leaseback. Por esa operación ingresó los mencionados 300 millones que ahora la Cámara de Cuenta le reprocha que no fueron suficientes. Tan en desacuerdo está el órgano encargado de fiscalizar las cuentas públicas andaluzas con la operación que tras desglosar cuantías y balances llega a la conclusión de que la Consejería de Hacienda cometió un ramillete de errores que se traducen en unas pérdidas netas de hasta 131 millones de euros. El principal, según la Cámara, fue haber traspasado su paquete de propiedades por sólo 300 millones, cuando a su juicio el precio conjunto no debería haber bajado de los 377,4 millones para compensar así de alguna forma el sobrecoste de los posteriores alquileres.
La Junta aceptó a cambio de esos 300 millones pagar unas rentas anuales de 23,6 millones por un periodo máximo de 35 años a Inversiones Holmes, Sociedad de Responsabilidad Limitada, la entidad que se hizo cargo de la doble operación. Además de ese desfase de 77 millones respecto al precio que según la Cámara debería exigido por sus inmuebles, la Junta habría incurrido también en otro supuesto fallo: no haber cuantificado el efecto de la pérdida patrimonial que la operación provocaría y que el informe tasa en otros 31 millones. La lista de inconvenientes no detectados incluye también los 7,4 millones que la Junta tuvo que gastar en reparaciones de vicios ocultos en los inmuebles antes de venderlos o la pérdida del valor residual de los terrenos en el caso de que la Administración autonómica decidiera haber seguido ostentado la propiedad, que se cifra en 112 millones.
Sin impacto en la deuda
La Cámara de Cuentas cree que en todo caso la Junta de Andalucía logró dinero fresco para hacer frente a sus pagos más inmediatos y responder a sus proveedores, pero la inyección de 300 millones poco contribuyó a reducir su endeudamiento. Es más, recuerda que en 2014 ese capítulo de números rojos arrojó un saldo negativo de 27.874 millones, casi un 21% más que en el ejercicio anterior. Hay otro tirón de orejas en la gestión del IVA de la operación, que según la Cámara “no ha repercutido” en las archas públicas porque la Agencia Tributaria de Andalucía consideró que ésta no estaba sujeta a la aplicación del tributo.
Tras toda una catarata de cifras y cálculos, el documento deja también una pregunta en el aire. Si según los términos del contrato no hay posibilidad alguna de prolongar el arrendamiento más allá de los 35 años pactados, ¿qué piensa hacer entonces la Junta de Andalucía para continuar prestando los servicios a los que se destinan ahora esos 70 edificios?
Hacienda habla incluso de beneficio
La Consejería de Hacienda defendió este miércoles la idoneidad de la operación y negó que provocase “quebranto económico para las arcas públicas”. Como argumento esgrime que los 300 millones que logró entonces estaban por encima de los 253,9 en que valoró el paquete de inmuebles la sociedad de tasación Tinsa. Además, recuerda que así pudo “cuadrar cuentas” y sostener servicios públicos.
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