La Junta de Andalucía aún alberga esperanzas de recuperar parte del dinero que en su día inyectó a la Federación de Mujeres Progresistas, una organización vinculada al PSOE y que llegó a amasar hasta 4 millones de euros entre los años 2009 y 2011 gracias a los ingresos casi en exclusiva que recibía de la Administración autonómica en forma de subvenciones para la organización de cursos y jornadas, aunque también en un pequeño porcentaje del Gobierno central que por entonces dirigía José Luis Rodríguez Zapatero. La lluvia de fondos no evitó que en mayo de 2012 se declarara en quiebra y se acogiese incluso al concurso de acreedores.
Cuatro años y medio después, la Consejería de Empleo todavía le reclama cantidades a Mujeres Progresistas de Andalucía. Al no contar ya con sede social ni poder notificar por vía ordinaria las comunicaciones a sus antiguas máximas representantes, la Junta ha optado por publicar en el BOJA un reguero de notificaciones en las que da cuenta de la resolución de los expedientes que afectan a la oenegé. La edición de este martes incluía las dos últimas. En una de ellas se exige el reintegro de una subvención concedida el 22 de diciembre de 2011, apenas un semestre antes de que la federación echase el cierre. En otra más se confirma que se ha perdido el derecho al cobro de otras cantidades, esta vez aprobadas un año antes, en diciembre de 2010.
Esas subvenciones, como otras tantas, estaban amparadas por la Orden del 24 de febrero de 2010 que regulaba la concesión de ayudas e incentivos para promover actividades encaminadas a promocionar entre los ciudadanos la igualdad entre sexos. La ley obliga a la Junta a apurar todo el trámite administrativo en un último intento de rescatar el dinero librado, pero la posibilidad de que las arcas públicas lo reingresen es ya escasa o prácticamente nula. El teléfono de la organización, que llegó a aparecer en el directorio de entidades de la propia Junta, comunica eternamente y la última actualización del perfil en redes sociales es de finales de 2011. La única referencia en la actualidad de la Federación de Mujeres Progresistas en Andalucía, desvinculada de la ahora desaparecida, remite a la Asociación Regional de Apoyo a Familias Vulnerables y/o Mujeres en Riesgo de Exclusión Solas, con domicilio social en Torreperogil, en Jaén.
Irregularidades
De la anterior queda poco rastro. Presidida por entonces por Alicia Vañó, esposa del exalcalde de Carmona Enrique Rivas, la oenegé se declaró en quiebra en 2012 arrastrando cuantiosas deudas con la Seguridad Social y con el Ministerio de Hacienda. Todo ello después de encadenar decenas y decenas de subvenciones en su mayor parte con cargo a la Consejería de Empleo, aunque también a otras como la de Igualdad. La federación, que se definía abiertamente como “feminista”, acaparaba proyectos sobre igualdad sexual, pero tampoco hacía ascos a talleres sobre inmigración o cualquier otra vertiente social. Algunas de esas iniciativas ni siquiera las ejecutó, por lo que la Junta acabó cerrándole el grifo de las ayudas, lo que en parte contribuyó a su abrupto desenlace.
La federación se vio arrastrada por la polémica incluso cuando su final estaba ya en manos de los tribunales. La Consejería de Empleo llegó a concederle una subvención de 207.000 euros en mayo de 2012, a punto de echar el cierre. La de Economía aprobó otra de la que da cuenta el BOJA del 13 de junio de ese año, cuando sobrevolaba ya el concurso de acreedores. A Vañó se le achaca haber hecho incluso campaña a favor de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
