El decreto, firmado por el alcalde, David Valadez (PSOE), el pasado 28 de mayo, y del que ayer se dio cuenta el pleno ordinario, dispone la personación del Ayuntamiento en las diligencias previas incoadas e instruidas por el Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad en calidad de parte acusadora.
La decisión se basa en los hechos protagonizados por autoridades y funcionarios en los que "sobre la base de su privilegiada condición política se han podido ver defraudados los intereses y derechos del Ayuntamiento y de los ciudadanos y vecinos a los que ésta, institucionalmente, representa".
El abogado Francisco de Paula Llamas ha sido nombrado como letrado municipal en esta causa, en la que hay 63 imputados y que que continúa bajo secreto de sumario.
La operación se inició el 17 de junio de 2008, día en el que fueron detenidas veinticinco personas, entre otras, el ex alcalde socialista, Antonio Barrientos, y los ediles, ex integrantes del PSOE, Asunción López, Francisco Zamorano, Mariví López y Marisa Rodríguez-Pino, además de los concejales del PES, José Ignacio Crespo y Manuel Reina.
También fueron arrestados empresarios, funcionarios, técnicos municipales, y el jefe de Gabinete de Alcaldía por el PSOE, José Flores.
Tras las detenciones, se produjeron numerosas imputaciones hasta llegar a los 63 imputados actuales, entre otros delitos por los de blanqueo de capitales, malversación de fondos, cohecho, fraude, prevaricación, falsedad en documento público y tráfico de influencias.
El juzgado instructor, el número 1 de Estepona, sigue sin contar con juez titular, ya que desde la marcha el pasado 31 de diciembre de Isabel Conejo -que es titular del Juzgado número 5-, la sede del 1 está dirigida por una juez sustituta, Virtudes Molina, que ya realizaba tareas de refuerzo cuando Conejo se hizo caso de la instrucción de ‘Astapa’.
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