El director del colectivo conservacionista, Juan López de Uralde, criticó en una nota la resolución firmada por el delegado del Gobierno central en Andalucía, Juan José López Garzón, y, sobre todo, los argumentos esgrimidos por la Administración, que apela a los principios "constitucionalmente consagrados" de eficacia y eficiencia en la gestión de los fondos públicos para abandonar el proceso a la espera de que se resuelva judicialmente la nulidad de la licencia municipal de obras del inmueble.
Uralde apuntó, en esta línea, a que las administraciones públicas que avalaron y dejaron que se construyese el hotel de 22 plantas y 411 habitaciones a "15 metros de la ribera de la costa y en zona de especial protección del parque natural Cabo de Gata-Níjar" deberían "haber pensado antes" en el "detrimento" de los fondos públicos a los que hacía referencia el informe remitido al MARM por la Abogacía de Estado tras el fallo judicial que declaró nulo en septiembre de 2008 el permiso concedido por el Ayuntamiento de Carboneras.
Para Greenpeace, lo anterior supone "una excusa" para "tirar la toalla" con el inmueble de Azata del Sol, sobre el que pesan en la actualidad hasta doce procesos ante la Justicia en marcha, además de una resolución anunciada a la vista del contenido de citado informe de la Abogacía de Estado que se hizo público el pasado mes de febrero y derivó en una nueva acción de protesta del activistas del colectivo, que lo 'hacían evaporarse' de forma simbólica bajo una tela verde el pasado 12 de febrero.
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