El domingo 11 de septiembre expiran los contratos de los 26 trabajadores sociales del programa municipal de refuerzo a la aplicación de la Ley de Dependencia, que prestan su labor en Sevilla capital, sin que haya sido resuelta su renovación. Para cubrir estas labores hasta que el programa se reanude mediante la necesaria subvención de la Junta, el Ayuntamiento hispalense prepara un programa "propio" que se encargue de tales labores, si bien las mismas van a sufrir una "interrupción" de varios días.
El presidente del comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Loza (CCOO), había informado ya a Europa Press de que el programa municipal de refuerzo a la aplicación de la Ley de Dependencia, financiado por la Junta de Andalucía mediante subvenciones, afrontaba su suspensión cuando el 11 de septiembre acabasen los contratos de sus 26 trabajadores. Y es que la Junta de Andalucía, que subvenciona este programa, no había resuelto los trámites administrativos relativos a una nueva ayuda con la que renovar los citados contratos.
Pero en una reunión con el concejal de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores (PSOE), este habría anunciado a los representantes de la plantilla que el Gobierno municipal prevé solventar la suspensión del programa, con una medida similar a la aplicada con el programa municipal de Zonas con Necesidades de Transformación Social, cofinanciado entre el Consistorio y la Junta.
De la reunión con Juan Manuel Flores se desprende, así, que el Gobierno municipal pretende contratar a un número similar de trabajadores sociales inscritos en las bolsas de empleo del Ayuntamiento, para financiar "con fondos propios" una suerte de programa municipal de actuaciones que cubra los servicios encargados al mencionado programa de refuerzo a la dependencia. La duración del programa, según Loza, rondaría los cinco meses.
"Serían nuevos contratos y se tiraría de las bolsas de empleo, ha dicho Loza, según el cual las labores de refuerzo a la dependencia sufrirán una "interrupción de cuatro o cinco días" dada la extinción de los contratos de los actuales trabajadores, si bien se reanudarán en ese lapso de tiempo, a través de los miembros de la bolsa municipal de empleo que sean "llamados", es decir convocados, por el Ayuntamiento.
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