Una cosa es predicar y otra dar trigo. Una cosa es estar en la oposición, desde donde se puede pedir que los gatos lleven guantes y otra cosa es estar en el Gobierno, cuando cualquier resbalón por bienintencionado que sea, puede traducirse en un delito de prevaricación.
Eso no sólo le ocurre ahora al PSOE en el Gobierno -al Partido Andalucista, no, porque nunca ha estado en la oposición desde 1989- pero también al Partido Popular y a todos los que pasan por la Corporación. Y es que es la inercia de pedir, no la del sentido común.
En justicia, exclúyase de este tipo de veleidades -que las hay de muchos tipos- a Ciudadanos por San Fernando, luego Ciudadanos por La Isla y finalmente Ciudadanos, cuyo portavoz, Javier Cano, ha sido el más comedido a la hora de pedir lo legalmente duduso y hasta imposible. Para eso es abogado.
El concejal del PP, Daniel Nieto, ha informada de la respuesta dada por el gobierno PSOE-PA a la pregunta de cuántos isleños estaban trabajando en las obras de rehabilitación del edificio del Ayuntamiento.
“La contestación -afirmó Nieto- no ha podido ser más descorazonadora. Patricia nos informa que en las obras del Palacio Consistorial sólo están trabajando dos isleños”.
En realidad, la contestación por escrito tiene más valor, pero ya la dio la alcaldesa in voce a la prensa en la primera visita de control a las obras del Ayuntamiento. Patricia Cavada reconoció que sólo dos isleños habían salido de las listas del SAE, aunque esperaba de la sensibilidad social de la empresa que fueran más cuando comiencen los trabajos de albañilería.
El edil popular recuerda que el PSOE, desde la oposición, defendió de forma muy vehemente la incorporación a estos trabajos de un porcentaje concreto de parados de San Fernando. Los socialistas llegaron a exigir que en las obras, la empresa adjudicataria contratara a un 80 por ciento de desempleados de San Fernando.
“Por ello, que la obras más importante de cuantas se ejecutan en San Fernando, sólo cuente en su ejecución con dos trabajadores isleños resulta injustificable si nos atenemos a las promesas de la ahora alcaldesa. Su respuesta corrobora lo que siempre hemos mantenido: que engañó a la ciudadanía”.
Lo de engañar es una afirmación indemostrable, porque lo mismo no engañó sino, sencillamente estaba equivocada. Es verdad que en 2013 Patricia Cavada aludió al Plan de Choque por el Empleo en Andalucía que podría dar cobertura a una nueva fórmula para que el Ayuntamiento pueda asumir por fin esta medida y permitir la contratación de parados de La Isla.
¿Cómo se hacía eso? Pues por incorporar al pliego de condiciones un pliego de cláusulas administrativas que favorecieran a los desempleados de La Isla. Y en esas condiciones administrativas a lo más que se podía llegar es a pedir a la empresa que el personal que necesite de más en sus plantillas se contrate en la oficina de empleo isleña.
Las condiciones administrativas, como se ve, apenas solucionan nada, haya o no Plan de Choque del Gobierno andaluz, porque de lo que se habla es de “completar sus plantillas”, no de contratar a trabajadores isleños y dejar a los suyos en Málaga, en el caso de la obra del Ayuntamiento.
Es ilegal y lo saben
El Partido Popular sabe, porque lo dijo por activa y por pasiva cuando los trabajadores isleños estaban en las puertas del Janer pidiendo trabajo -y no entró ni uno- que no se puede obligar a las empresas a contratar a nadie.
Y eso lo decía cuando a la vez afirmaba Daniel Nieto que la obra del Ayuntamiento era el mejor plan de empleo que podía tener la ciudad porque iba a dar trabajo a muchos isleños y empresas de la ciudad. Aunque lo mismo no engañó y se refería a la hostelería que tiene que dar de comer a la veintena de trabajadores de fuera que trabajan en el Consistorio.
Sin embargo es verdad que se puede conseguir que las empresas contraten a personal local, aunque para ello es preciso mucho diálogo político con ellas para logran resultados que sí se apuntan otros ayuntamientos. Pero hacen falta políticos que hagan posible lo imposible.
Pero de ahí a prevaricar va un trecho e incluso los ayuntamientos que suelen conseguir buenos resultados con las empresas -porque saben negociar con ellas, no por incumplir la ley- a veces se encuentran con las quejas de la oposición porque la empresa contratada no es de la localidad.
Tampoco hubo empresas de San Fernando en las obras de San Nicolás y San Diego, y el PP también puso el grito en el cielo sin aclarar si en San Fernando, en un estado de libre competencia, hay empresas con capacidad para ofrecer lo que ofreció Gyocivil, la ganadora del concurso de San Diego que luego la ejecutó la mercantil chiclanera Jermat.
En el proyecto del Ayuntamiento no hubo empresas isleñas pujando por adjudicarse la obra, por lo que todo quedaba a expensas de la negociación política del bipartito con la adjudicataria. Y negociación no es imposición.
No ha habido, pues, como decía Nieto, el mejor plan de empleo que podía tener la ciudad cuando desde la oposición le pedía a Loaiza un plan de empleo de los que duran tres meses y sirven para aliviar soluciones temporalmente. Y ya está.
De hecho, hasta se puede decir que se ha cumplido lo que Patricia Cavada afirmaba en 2013 cuando pedía en Pleno al Gobierno de José Loaiza esas cláusulas administrativas en los contratos amparándose en el Plan de Choque por el Empleo en Andalucía.
Si ahí se decía que la empresa debía de completar su plantilla con personal inscrito en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en San Fernando, eso es lo que ha hecho. El problema es que sólo le hacían falta, por ahora, dos empleados. Los que hay.
¿Quiénes son en este caso los grandes damnificados por las proclamas de los políticos, las falsas o equivocadas propuestas o exigencias de la oposición, le toque a quien le toque?
Obviamente, los parados. Les crean expectativas que no se van a cumplir, rabia porque no se cumplen y desapego por el oportunismo político. Es como si los pisaran... cuando llevan chanclas.
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