La operación se realizó de forma conjunta entre las brigadas de Policía Judicial de Málaga y de Bilbao. Según los investigadores, los dos implicados recibieron por Internet una oferta de trabajo de intermediario financiero para una presunta empresa internacional de finanzas, que a través de su web aparentaba ser real, exigiendo como únicos requisitos tener conexión a la red y una cuenta de correo electrónico.
Tras hacer el trato a través del intercambio de varios correos electrónicos con el supuesto contratante, éste exigía al nuevo empleado que abriera una cuenta corriente a su nombre en cualquier banco español. En ella recibiría transferencias procedentes de empresas legales de algo más de 3.000 euros, según informaron desde la Comisaría Provincial en un comunicado.
A cambio de este servicio, el empleado se quedaría con el 10 por ciento en concepto de comisión como intermediario financiero y el resto del capital lo mandaría a través de una agencia de envío rápido de dinero a un ciudadano extranjero residente normalmente en países del Este.
Otras veces le decían que sólo tenía que entregar el 90 por ciento de la transferencia en metálico a la persona que se le indicara, que, una vez recogido, desaparecía.
Fraude de grandes dimensiones
Los agentes descubrieron que se trataba de un fraude informático de grandes dimensiones. Así, delincuentes afincados en el extranjero envían correos fraudulentos, virus o troyanos para averiguar datos financieros de personas reales, cuentas bancarias, claves de acceso, números de identificación fiscal.
Una vez se hacen con las claves, acceden fraudulentamente a la cuenta corriente de la víctima por Internet y dan múltiples órdenes de transferencia con destino a las cuentas que han abierto los empleados que han captado.
El empleado retira rápidamente la cantidad, se queda con el 10 por ciento y entrega el resto en metálico a una persona desconocida o bien envía el dinero a países del Este, donde la falta de colaboración policial o la garantía de anonimato de los datos bancarios hacen imposible que prospere una investigación policial abierta en España, que se queda estancada en la persona que aceptó la oferta de trabajo y que responde criminalmente por la estafa.
El hombre imputado decidió en el último momento que no quería sacar el dinero recibido en su cuenta fuera del cauce legal de transferencias entre bancos españoles y cambiarlo a otras agencias de envío que no tienen las mismas garantías, con lo que impidió que se consumara completamente la estafa a la víctima, la cual nunca dio orden de que se hicieran las transferencias.
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