La acusación particular en la causa centrada en una presunta estafa de 13,93 millones de euros en la operación de compraventa del Hotel Eurocalas, en Calas de Mallorca, por parte de los seis hijos varones del empresario José María Ruiz-Mateos, reclama seis años de cárcel para cada uno de ellos así como para otros dos empresarios, una multa de 36.000 euros y el pago de la cantidad supuestamente defraudada por los inculpados.
Así consta en el escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha presentado el querellante de esta causa, el administrador de Inversiones Grupo Miralles (IGM), Francisco Miralles, después de que la jueza instructora de los hechos pusiera fin a las investigaciones y abriera la vía para que los ocho acusados se sienten en el banquillo por un presunto delito de estafa.
La magistrada declaró asimismo extinguida la responsabilidad penal del fundador de Nueva Rumasa a raíz de su fallecimiento en septiembre de 2015.
En concreto, el escrito de acusación va dirigido contra Zoilo, José María, Alfonso, Pablo, Javier y Álvaro Ruiz-Mateos así como contra los representantes legales de la sociedad Calwell Alliance, adquiriente del hotel: Zoilo Pazos Jiménez (sobrino del empresario gaditano) y Nicolás Faure.
Los hechos responden a la querella interpuesta en 2011 por IGM, representada por la letrada Isabel Fluxà, contra el patriarca de la familia Ruiz-Mateos, sus hijos y los dos administradores.
La decisión de no acudir en su día a los llamamientos de la jueza para declarar como imputado provocó que aquélla ordenara la detención del impulsor del 'holding' de la abeja, quien llegó a pasar una noche en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Baleares a la espera de pasar finalmente a disposición de la instructora.
Tal y como relata la abogada en su escrito, fue en mayo de 2006 cuando Grupo Miralles formalizó la venta a Calwell del 99,99 por ciento del capital social de Bastimentero, entidad propietaria del Hotel Eurocalas, por 23,67 millones de euros, todo ello tras mantener varias reuniones en el domicilio de los Ruiz-Mateos, "en la lujosa urbanización de Somosaguas".
Del importe total, se abonó 789.028 euros y se acordó el pago aplazado de 22,88 millones de euros a través de pagarés con vencimientos mensuales y con la garantía y el aval de la sociedad Montumo, así como de José María Ruiz-Mateos y todos sus hijos varones con avales personales hasta la suma de 24 millones de euros.
Sin embargo, la letrada señala cómo los responsables de Montumo fueron "meros testaferros u hombres de paja" utilizados como "burdas marionetas por el clan varonil al completo a los únicos efectos de ponerlos en la primera línea de fuego y dificultar sobremanera la averiguación de la verdadera titularidad de las empresas e inmuebles, que al fin y al cabo no han salido de la familia".
EN ESPAÑA, LOS RUIZ-MATEOS "SERÍAN UNOS INDIGENTES"
El escrito recrimina en este sentido que los acusados omitieran "de forma deliberada y en todo momento su insolvencia, aprovechándose de la credibilidad personal de la familia y empresarial de Nueva Rumasa", y ello a pesar de que ninguno de ellos "tenía, ni tiene, activo alguno a su nombre, al menos en España". "En nuestro país serían unos indigentes", incide.
De hecho, ya en su querella la abogada apuntaba que "todos ellos avalaron con evidente mala fe, aprovechándose de su 'acreditada solvencia de cara a la galería' gracias al nombre de Nueva Rumasa.
Los pagarés se fueron abonando hasta que en el verano de 2010 quedaron interrumpidos los pagos y en enero de 2011, "dados los problemas de cumplir el calendario de pagos", se acordó rebajar las cuotas mensuales a la mitad durante un periodo de dos años y sustituir el aval de Montumo por los avales de Clesa. Menos de tres meses después, Clesa presentó concurso de acreedores, lo que, a juicio del denunciante, "demuestra nuevamente el engaño por parte de los deudores".
En su querella, Miralles señalaba que está pendiente de pago un total de 12,81 millones, supuesta estafa que se eleva a 13,93 millones al sumar intereses y actas de Hacienda.
"Este tipo de engaños a través de terceros interpuestos y sociedades pantalla lo han venido haciendo de forma reiterada", sentencia el escrito de acusación, en el que Fluxà abunda en la participación activa "de todos y cada uno de los acusados en las artimañas que han llevado al hundimiento del imperio y la existencia y participación de testaferros que cobraban por 'firmar sin preguntar' y por aparecer como administradores de las mercantiles de la familia".
LA JUEZA: "INDICIOS RACIONALES DE UNA GESTIÓN DESLEAL"
En el auto de pase a procedimiento abreviado con el que puso fin a las pesquisas, la jueza apunta a la existencia de "indicios racionales de una gestión desleal" por parte de los querellados, calificando, de hecho, su forma de actuar de "proceder habitual" y aseverando que los Ruiz-Mateos no tenían patrimonio ni activo alguno con el que responder, por lo que "eran perfectamente sabedores de que no podrían restituir el hotel Eurocalas en las condiciones fijadas".
Grupo Miralles amplió posteriormente su querella al atisbar indicios de que la sociedad que avaló la operación incurrió en un delito de alzamiento de bienes por vender su hotel Cervantes de Torremolinos a la mercantil Clesa -también propiedad de los Ruiz-Mateos-, "obstaculizando" así su posible embargo.
Según las pesquisas, de las actuaciones se desprenden indicios de que la intención de Montumo -empresa propietaria del hotel Cervantes- era la de "salvar el bien en su propio beneficio, obstaculizando así la vía de ejecución que podría seguir el querellante como titular de un derecho de crédito frente a Montumo en el caso de que ésta no pudiera hacer frente a las obligaciones que había avalado".
Sin embargo, no es éste el único hecho al que hacía alusión la ampliación de la denuncia, puesto que también apunta a la comisión de un delito societario por administración fraudulenta en relación a la constitución, por parte de los Ruiz-Mateos, de una hipoteca sobre el hotel Eurocalas por valor de 19 millones de euros "cuyo destino no ha resultado, hasta el momento, justificado en modo alguno".
"Es evidente que su fraudulenta estrategia e intención de no pagar venía ya desde el inicio de la compraventa, y prueba de ello es que la constitución de la hipoteca se lleva a cabo pocos meses después de la operación", apuntaban los querellantes.
Durante su declaración ante la jueza, los hijos de Ruiz-Mateos negaron que parte del dinero de la hipoteca constituida sobre el complejo hotelero fuese a parar "a usos personales" o a "paraísos fiscales", al alegar que unos 5,5 millones se invirtieron en obras realizadas en el complejo y el resto "a la caja única" del grupo.
IMPUTADOS EN TRES CAUSAS POR ESTAFA EN BALEARES
Sin embargo, esta causa es tan sólo de uno de los tres procesos judiciales en los que los Ruiz-Mateos están bajo el punto de mira en Baleares. Así, en el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma está siendo investigado por otro delito de presunta estafa por valor de unos 12 millones de euros en la compra de la totalidad de las acciones de la sociedad Hoteles Costa Oriental -propietaria del hotel Samoa, situado en Calas de Mallorca- a la familia Hoz.
Mientras tanto, los seis hijos de Ruiz-Mateos también están encausados en un procedimiento centrado en una supuesta estafa de 7,3 millones de euros a Inversiones Insulares Radó. Se trata de un caso que se encuentra en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, quien acordó la retirada de su pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente 'apud acta' en dependencias judiciales.
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