Además, aseguró en su comparecencia en el Pleno del Parlamento andaluz que estas medidas tienen "una incidencia directa en la reactivación del sector de la construcción, y más concretamente en el mercado de la vivienda protegida".
Espadas desgranó las últimas tres medidas económicas que expuso la semana pasada a los agentes sociales y que tienen como principal objetivo facilitar el acceso a la vivienda habitual a familias y dinamizar la actividad promotora mediante ayudas que permitan desbloquear promociones de VPO y de fórmulas financieras que den salida a los inmuebles construidos sin vender.
La primera de estas medidas consiste en la adquisición por parte de la Junta de VPO con problemas de financiación de sus adquirentes para destinarlas al alquiler con opción a compra a 10 años.
La segunda incide sobre la adquisición de viviendas libres destinadas a convertirse en residencia habitual, mientras que la última de las medidas está enfocada hacia aquellas familias que se encuentran en riesgo de perder su residencia habitual porque las dificultades económicas que atraviesen les impidan hacer frente a los préstamos hipotecarios.
En su comparecencia, el consejero de Vivienda recordó igualmente otra serie de actuaciones puestas en marcha para mejorar el acceso a la vivienda de las familias con menores recursos.
Adaptación del Plan Concertado
Es el caso de la adaptación del Plan Concertado de Vivienda y Suelo al Plan Estatal, aprobada ayer por el Consejo de Gobierno.
Esta adaptación incluye medidas para garantizar que al menos una cuarta parte de la reserva obligatoria de VPO esté destinada a familias cuyos ingresos no superen los 18.000 euros anuales, así como para mejorar las condiciones de acceso a una vivienda protegida para familias numerosas o aquellas que tengan algún miembro en situación de dependencia.
En la misma línea, el Decreto de adaptación aprobado por el Consejo de Gobierno incluye líneas de financiación para los promotores, tanto públicos como privados, que urbanicen suelo para la construcción inmediata de vivienda protegida o que pretendan empezar la edificación de forma inminente.
En ambas líneas de financiación, es imprescindible que el promotor dedique dos terceras partes de las viviendas protegidas a familias que no superen los 25.000 euros de ingresos anuales.
La diputada del PP Alicia Martínez reprochó al consejero que anuncie medidas "como si el PSOE no llevara 30 años gobernando" en Andalucía, ya que, además de poner en marcha "una declaración de intenciones", se ha perdido un año pese a que el PP ha propuesto al Gobierno andaluz estas y otras medidas por una vivienda digna.
Martínez, que acusó a Espadas de acudir al Parlamento "sin los deberes hechos", afirmó que la política de vivienda de la Junta "no tiene rumbo" porque solo se dedican a hacer "seguidismo del mercado", ya que, según denunció, solo el 10 por ciento de las que se construyen son protegidas.
Por su parte, el parlamentario de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo preguntó al consejero cómo un pensionista, una persona que no recibe prestaciones por desempleo o cualquier miembro de una familia que está por debajo del umbral de la pobreza puede acceder a una vivienda digna en la comunidad andaluza.
Sánchez Gordillo lamentó que se le hayan dado 1.500 millones a los "provocadores de la crisis" económica, en alusión a las ayudas a las entidades financieras, y dijo que ese dinero debería ponerse en manos de los ayuntamientos para que sean capaces de crear viviendas para ponerlas en manos de las familias.
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