Pérez Yruela reiteró que el proceso de adjudicación de la subvención ha sido "absolutamente transparente, legal y ajustado a Derecho". "Se ha expuesto el proceso seguido, y el Gobierno tiene la convicción de que el procedimiento es transparente y ajustado a derecho, totalmente legal, y no tenemos ninguna necesidad de hacer nada que vaya más allá de lo que estamos convencidos que es ajustado a derecho", indicó, mientras que apuntó que la información y documentación que requieran los grupos se les ofrecerá a través del Parlamento.
Sobre este asunto, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ironizó ayer sobre la posibilidad de que al vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, le terminarán nombrando "presidente del Instituto de la Empresa Familiar", como consecuencia de la subvención de la Junta a una empresa en la que trabaja su hija.
Sanz, durante su participación en un acto electoral con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, lamentó "escándalos" que se están produciendo en Andalucía, donde el "huido" Manuel Chaves "tiene muchas cosas que explicar", e ironizó sobre la capacidad del ex presidente de la Junta de crear empleo en la comunidad "pero solo para su familia", en alusión a la subvención de la Junta a la empresa Matsa.
El dirigente del PP recordó que mientras que la Junta tardó cinco días en dar la subvención a esta empresa cambiando las normas para otorgársela, en Andalucía existen 40.000 autónomos que llevan casi dos años esperando que le den las ayudas, y hay 5.000 mujeres empresarias a las que la Junta les ha dicho que "no hay dinero" para que puedan crear empresas y empleo.
"Esos privilegios, esa forma de confundir la Junta de Andalucía como si fuera una empresa familiar es lo que tenemos que mandar a la oposición", señaló Antonio Sanz, quien agregó que este es el problema que hoy tiene Andalucía porque "llevamos 30 años de poder de un PSOE que cree que está en la impunidad".
Se refirió a la información aparecida ayer en "El Mundo" sobre que la empresa Matsa contrató como relaciones públicas al ex alcalde de Almonaster (Huelva), Francisco García, que fue quien le dio la primera licencia a la empresa, y apuntó que, mientras tanto, el resto de ciudadanos "no tienen oportunidades" de empleo.
"En una democracia normal, Chaves ya no sería vicepresidente de España y ya se hubiera hecho una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía", recalcó Sanz, quien añadió que esta actitud supone "un déficit democrático" en Andalucía.
El PP pedirá el expediente al Ministerio de Industria
Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que el PP ha pedido al Ministerio de Industria que se le facilite el expediente por el que se denegó la subvención a Matsa, ya que "podría ser útil para averiguar por qué luego la Junta concedió esa subvención, que ya había sido denegada por el Gobierno central".
Sáenz de Santamaría dijo que la Junta "incluso llegó a modificar normativas para la concesión de ese dinero a esa empresa, un dinero que ya se le había dicho que no se daba, y el PSOE tendrá que explicar qué hay detrás de eso".
La portavoz popular explicó que el PP "mirará con lupa el expediente y estudiará una a una las razones por las que el Ministerio de Industria rechazó" dar una subvención a esa empresa.
Sáenz de Santamaría indicó que "la comparación del expediente del Gobierno que rechazó la subvención, y la del expediente de la Junta que la concedió debe arrojar luz al asunto, para llegar al fondo de la cuestión".
"Llevamos días instando reiteradamente al señor Chaves que comparezca, que dé la cara y explique esta situación", enfatizó Sáenz de Santamaría, que añadió: "cuando él quiera y cómo él quiera estaremos esperando esas explicaciones".
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