El presidente del Partido Popular, Andrés Núñez, ha adelantado que su formación pedirá, en la sesión plenaria de mañana, dejar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) sobre la mesa hasta que la Junta de Andalucía emita un verdadero informe de legalidad del documento.
El edil popular asegura que “desde que llegamos en 2011 a la Alcaldía tuvimos claro que el PGOU debía tener todas las garantías jurídicas y que no podía volver a pasar lo ocurrido en 2003. Es por ello por lo que se creó la comisión de seguimiento del PGOU, por primera vez en toda Andalucía, que tenía como objetivo garantizar que los pasos se dieran de manera consensuada”.
Asimismo, el concejal del PP recuerda que, “a pesar de que estrictamente no era necesaria una nueva exposición pública, decidimos llevarla a cabo para garantizar la legalidad del Plan, su participación ciudadana y la máxima transparencia. Ahora nos encontramos con un problema de envergadura que no puede despacharse en medio párrafo y de mala manera, como ha hecho la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE”.
Núñez manifiesta que “el Gobierno municipal del PSOE no puede quedarse de brazos cruzados ante esta situación o actuar de manera temeraria. Debe hacerse respetar ante la Junta de Andalucía y pedir responsabilidades por la tomadura de pelo que ha supuesto el informe emitido por la Dirección General de Urbanismo. No valen las patadas hacia adelante habituales de Román, que nos han abocado a situaciones tan esperpénticas como las del mismo PGOU de 2003 y la del centro de salud de los Gallos o la Plaza Mayor, auténticos fiascos que ahora lamentamos todos”.
Al respecto, Núñez afirma que “sin un PGOU de garantías no hay empleo. Es así de simple. Nadie apostará su dinero en Chiclana si sabe que el PGOU puede ser tumbado”.
Una postura argumentada
Son muchos los motivos esgrimidos por el PP de Chiclana para defender su postura. Así, destacan que “si queremos generar empleo necesitamos dar tranquilidad al inversor para que apueste su dinero en Chiclana. Nadie invertirá en la ciudad si sabe que el PGOU no tiene todas las garantías legales”. En este sentido, la formación popular recuerda que “no son pocas las inversiones que se han ido al traste tras la anulación del anterior Plan General, como las de Carboneros o Melilla. No podemos repetir esa imagen si queremos que la construcción y la inversión generen empleo a medio y largo plazo”.
Además, también se defiende que “no puede haber un verdadero proceso de regularización con un PGOU sin garantías”. Núñez recuerda que “literalmente, la mitad de Chiclana debe regularizarse, por lo que si queremos llevar a cabo una regularización masiva de las más de 12.000 viviendas es necesario que los propietarios sepan que el PGOU no será anulado. Ya tenemos la experiencia en Rana Verde, donde hay 15 millones de euros metidos en tuberías sin conectar porque el PGOU del PSOE fue tumbado. Es impensable que un propietario abone unos costes de urbanización, para lo que con toda seguridad tendría que pedir créditos y préstamos bancarios para que luego sea anulado el PGOU y se quede con la deuda y sin regularizar su vivienda”.
El caso anteriormente comentado “tendría un ejemplo similar a lo ocurrido con Los Llanos, cuando el PSOE les prometió la luz, gastaron 90 millones de pesetas en torretas y al final no conectaron. El empleo a pequeños y medianos empresarios deviene de este proceso de regularización, por lo que si queremos garantizar el empleo en este sector tan dañado es fundamental garantías jurídicas”.
Igualmente, el PP defiende que “este PGOU ha costado un millón de euros, por lo que no podemos tirarlo a la basura. Es dinero público y debemos mirar por él”. Y por si eso fuera poco, Núñez incide en que “una anulación del PGOU implica que se produzcan reclamaciones patrimoniales millonarias derivadas de los perjuicios causados a promotores por la pérdida generada. Actualmente, debido a la anulación del PGOU de 2003, se están planteando contra el Ayuntamiento reclamaciones que ascienden a cientos de millones de euros”.
En este contexto, también se expone desde las filas populares que “el error detectado en el PGOU no es subsanable. Es decir, no puede aprobarse y luego corregirse, por lo que en caso de aprobarlo no hay marcha atrás”.
"Es necesario un verdadero informe que dé tranquilidad a todos y Román y el PSOE deben decidir si defienden a su partido o a Chiclana".
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