Andalucía

La Junta dice que hace "lo que puede" en la crisis laboral en Ayesa AT, la antigua Sadiel

La Junta, que tiene el 20% de Ayesa AT (antes Sadiel), asegura que la empresa dio explicaciones sobre las graves quejas sindicales. “Tenemos esa participación, hacemos lo que podemos, el resto de cuestiones al juzgado de lo Social”, dice el consejero Sánchez Maldonado

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La crisis laboral que se vive en Ayesa AT (la antigua empresa pública Sadiel que la Junta vendió a la ingeniería sevillana Ayesa en 2011) ha llegado al parlamento con una pregunta de IU al consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, sobre el despido del presidente del comité de empresa en diciembre y las denuncias sindicales sobre incumplimientos de la ley laboral y sentencias condenatorias por ello. Sánchez Maldonado ha respondido que la Junta “sólo tiene el 20% de Ayesa AT y ha cumplido en lo que podía hacer, dentro de nuestras capacidades y posibilidades” en esos problemas.

El consejero, tal y como adelantó andaluciainformacion.es, ha recordado que su departamento, a través de su representante en el consejo de Ayesa AT, efectuó una actuación de cara a la defensa de los derechos de los trabajadores. En el consejo de administración de Ayesa del pasado 8 de octubre, ese consejero de la Junta demandó un informe tras conocer las quejas realizadas por el presidente del comité de empresa”.
Sánchez Maldonado ha desvelado que la empresa “remitió un informe al respecto donde daba explicaciones a lo manifestado por el comité de empresa”.

En resumen, según Maldonado, “la Junta es minoritaria y ha cumplido con lo que tenía que hacer y vamos a seguir haciendo lo que podamos en la defensa de la legalidad, pero no tenemos más capacidad que la que hemos puesto en acción”.  “Podemos hacer lo que podemos hacer, el resto de cuestiones se deben dirimir en el Juzgado de lo Social”, sentencia. También asegura que espera que el despido del presidente del comité de empresa “sea declarado nulo, como ha pasado con los otros, y yo me alegraré de ello”.

La tensión laboral en la antigua firma pública -en la que también participaban Indra, Caixabank (antes Cajasol) y Endesa- surgió tras el envío de una carta por parte del presidente del comité despedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, relatando abusos contra sus empleados.

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