Los condenados del caso Malaya con penas superiores a dos años de cárcel agotarán el plazo de diez días para ingresar en un centro penitenciario, según han confirmado a Efe fuentes judiciales.
La mayoría de los condenados -son 27- ya han expresado a la Sala su voluntad de entrar la próxima semana, algunos incluso el próximo 27 de enero, tras agotar los diez días hábiles que ha dado el Tribunal para ingresar voluntariamente en el centro penitenciario.
Esta entrada en prisión afecta a 26 personas ya que uno de ellos, el cerebro de la organización, Juan Antonio Roca, ya está en la cárcel por otros procedimientos y, según las fuentes, solo uno de los afectados ha expresado su voluntad de ingresar esta semana.
Estos condenados, en su mayoría, entrarán en la prisión de Alhaurín de la Torre, aunque algunos tienen previsto ingresar en Madrid y Murcia, debido a su lugar de residencia y para estar más cerca de sus familiares, e incluso hay una persona que pretende cumplir su pena en un centro penitenciario de Italia.
Las fuentes han indicado que algunos de los condenados han pedido amparo al Tribunal Constitucional, al considerar que en este proceso se han vulnerado sus derechos fundamentales por lo que han pedido un aplazamiento para su ingreso y otra persona ha alegado motivos personales y ha solicitado retrasar su ingreso a febrero.
Entre los condenados a los que se le ha instado a entrar en prisión se encuentran la exalcaldesa Marisol Yagüe y la que fuera el "azote" de Jesús Gil durante sus años de concejal socialista, Isabel García Marcos, y que fue expulsada del PSOE en el 2003 por apoyar la moción de censura que derrocó al exregidor de Marbella Julián Muñoz.
También tendrán que ingresar once exconcejales de Marbella, testaferros del cerebro de la trama y algunos empresarios.
Otra persona que tendrá que ingresar es Tomás Reñones, que fue alcalde en funciones de Marbella desde la detención de Marisol Yagüe el 29 de marzo hasta la toma de posesión de la comisión gestora el 21 de abril.
Reñones, de 45 años y natural de Santiago de Compostela, fue antes de dedicarse a la política jugador y capitán del Atlético de Madrid, club que presidió el exalcalde de Marbella Jesús Gil, ya fallecido.
Entre los empresarios a los que se le ordena que ingresen en prisión se encuentran el constructor José Ávila Rojas, Carlos Sánchez, Pedro Román y Andrés Lietor.
Entre los abogados y testaferros se encuentran Manuel Sánchez Zubizarreta, Juan Germán Hoffman, Montserrat Corulla y Oscar Benavente, entre otros.
Respecto a los condenados que crean que su caso es susceptible de libertad condicional por edad avanzada o enfermedad como es el caso de un empresario y un abogado, el tribunal, según las fuentes, resolverá una vez que hayan entrado en la cárcel.
Por otra parte, a los condenados a dos años o a penas inferiores (son dieciocho afectados, entre ellos el exalcalde de Marbella Julián Muñoz) se les requiere al pago de las penas de multas impuestas y en su caso de las responsabilidades civiles acordadas.
Una vez que paguen, el tribunal estudiará uno a uno si suspenden la entrada en la cárcel de esas dieciocho personas, aunque también tendrán que cumplir otros requisitos como carecer de antecedentes penales, reparar el daño causado o tener voluntad de hacerlo.
La investigación judicial de la trama de corrupción comenzó a finales del 2005 y se destapó en marzo del 2006 con la primera fase de detenciones.
El procedimiento judicial tuvo como consecuencia la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril del 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones del 2007.
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