Susana Díaz comienza a digerir que deberá comparecer ante la comisión parlamentaria que investiga el presunto fraude cometido a partir de 2002 en torno a los cursos de formación organizados por la Junta. Tendrá que hacerlo presumiblemente en primavera, pese a los intentos del PSOE por ahorrarle ese farragoso trámite, porque su nombre aparecerá en los listados que sellarán antes del martes en el registro tanto PP como Podemos y C’s. Tuviera o no responsabilidad de Gobierno durante aquella etapa, su testimonio se oirá en la Cámara.
Desde Madrid, donde asistía a la inauguración del stand de Andalucía en Fitur, Díaz intentó restar este miércoles importancia al llamamiento y se puso a disposición del órgano creado en la Cámara. “Yo ya lo he dicho 20 veces: cuando me llamen voy a ir. Pues claro que voy a ir, tengo un respeto profundo por el Parlamento de Andalucía”, enfatizó.
Eso sí, ese supuesto ejercicio de transparencia se solapa con el convencimiento de que la oposición, en el fondo, sólo persigue “hacer daño” y erosionar su figura aun sabiendo que carece de responsabilidad alguna. De hecho, intuye que “más que conocer la verdad” lo que subyace es un intento de “manipular las instituciones”.
La presidenta rescataba el doble argumento enarbolado por el PSOE desde que en octubre tomó forma la comisión de investigación, idénticos a los que el portavoz del Ejecutivo reprodujo el martes: hay un trasfondo político en la petición de su comparecencia, efectiva en unos días, porque el objeto investigado se centra en unos cursos que se extinguieron en 2011, un año antes de que entrase en el Gobierno y con dos de adelanto sobre la fecha en la que fue nombrada presidenta.
Esa tesis no convence a la oposición. Podemos, por ejemplo, especificó el martes que quiere conocer por qué durante su mandato se decretó la paralización absoluta de los cursos o la exoneración en la obligación de justificarlos.
El PSOE reclama sus "papeles" al SEPE
Aunque la propia Junta acumula un retraso de meses en el envío a la comisión de buena parte de los expedientes, el portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez, protestó este miércoles por el retraso que acumula la remisión de la documentación solicitada al Gobierno central. Los socialistas reclaman a la ministra de Empleo, Fátima Báñez (que también puede ser citada), que “no obstaculice los trabajos” y ordene al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que presente los “papeles” porque a día de ayer no había enviado “ninguno”.
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