La Consejería de Economía y Conocimiento ha publicado este viernes pasado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el decreto por el que se establece un conjunto de medidas para aplicar la declaración responsable para determinadas actividades económicas, en concreto 36 actividades, reguladas en la Ley de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, un decreto que entra en vigor este sábado.
Según ha indicado esta semana la Consejería, el nuevo decreto aprobado por el Gobierno andaluz implica sustituir el trámite de licencia por la firma de una declaración responsable en 36 actividades económicas y permitirá a los emprendedores y empresarios ahorrar una media de "seis meses" en el tiempo necesario para poner en marcha un negocio.
Ya indicaba esta semana el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, que esta medida va encaminada a "fomentar el crecimiento económico y con él la creación de empleo", así como a "potenciar la eliminación de trabas como un factor competitividad que anime a la actividad económica".
Con la aprobación de esta norma, según ha explicado el consejero, "el empresario declara que cumple los requisitos para la actividad que va a desarrollar y se sustituyen las comprobaciones previas por comprobaciones posteriores".
Junto a la referida reducción del tiempo para abrir un negocio, en la práctica esto va a permitir a los empresarios "un ahorro económico por los trámites electrónicos de una media de 140 euros", además de facilitar la "rápida contratación" de suministros de agua, energía o telecomunicaciones, "aspectos fundamentales para el inicio inmediato de las actividades empresariales", según ha recalcado el titular andaluz de Economía.
Respecto a las 36 actividades en las que se reducen trámites, el consejero ha destacado que se trata de "negocios pequeños y medianos, con una fuerte componente de economía social y, por tanto, de factores de sostenibilidad del empleo y que articulan el territorio".
Como ejemplos, el consejero ha citado actividades como venta al por menor de fruta o verduras, carne o pescado, congelados, panaderías u obradores de confitería y pastelería; lavanderías; gimnasios con capacidad máxima para 150 personas; o talleres de reparación de vehículos, entre otros.
Ramírez de Arellano también ha reseñado que el Decreto aprobado se enmarca en la Ley 3/2014 de medidas para reducir trabas a las empresas que ha impulsado el Gobierno andaluz, aprobada en el Parlamento por unanimidad de todos los grupos políticos, según ha destacado el consejero, que ha apuntado que esta ley hacía necesario un desarrollo normativo que permitiese trasladar la reducción de trámites a las Administraciones locales, donde se da la mayoría de la concesión de estas licencias.
AGILIZACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DE NEGOCIOS
Con este decreto, los empresarios podrán agilizar la puesta en marcha de sus negocios y los ayuntamientos podrán contar con un modelo de declaración responsable propio, o bien acogerse al que ofrece el Ministerio de Hacienda a través del proyecto 'Emprende en 3', que ofrece una plataforma electrónica para este tipo de trámites.
El consejero ha señalado además que en aquellos incumplimientos que puedan detectarse de la declaración responsable, se aplicará el procedimiento establecido en la ordenanza del municipio correspondiente, "ofreciendo seguridad jurídica".
Junto con los procedimientos de declaración responsable, la Ley de reducción de trabas también simplifica otros procedimientos de competencia autonómica que se sustituyen por una simple comunicación previa del inicio de la actividad o por libre acceso, que unido a la regulación de las actividades inocuas, implica que la gran mayoría de las actividades económicas en Andalucía no requieren de licencia previa de apertura.
De esta forma, esta norma cambia el control previo basado en autorizaciones por otro posterior de los requisitos de la normativa aplicable, cuyo cumplimiento declara el promotor bajo su responsabilidad. Los correspondientes documentos acreditativos tienen los mismos efectos que las licencias a las que sustituyen.
Los proyectos beneficiados podrán ponerse en marcha en menos de tres días, con un ahorro de tiempo de hasta seis meses, mientras que la rebaja de costes para los operadores económicos se calcula entre 100 y 140 euros.
ACTIVIDADES BENEFICIADAS
Los 36 procedimientos que se simplifican a través de la declaración responsable se vinculan, entre otras actividades, a las que se desarrollan en locales de venta al por menor de una amplia variedad de productos (desde frutas y verduras a carnes y congelados); lavanderías; gimnasios con capacidad máxima para 150 personas; talleres de reparación de vehículos, y lavaderos de vehículos.
Las medidas aprobadas, que inciden especialmente en el ámbito municipal y en las pequeñas y medianas empresas, supondrán facilidades para la rápida contratación con las compañías suministradoras de agua, energía y telecomunicaciones, aspecto fundamental para el inicio inmediato de las actividades empresariales.
Junto con los procedimientos de declaración responsable ahora regulados en detalle, la ley autonómica de reducción de trabas también recoge otros trámites de competencia autonómica que se sustituyen por una simple comunicación previa o, directamente, por el libre acceso. Todo ello, sumado a las denominadas actividades inocuas incluidas también en la ley, hace que gran parte de las actividades económicas no requieran actualmente licencia previa de apertura en Andalucía.
SIN DESREGULACIÓN
Según la Junta, la declaración responsable y la notificación previa, como fórmulas sustitutivas de la autorización, no suponen una desregulación sino una simplificación administrativa de aquellos procedimientos que requieren de un control preventivo por razones de interés general, protección del medio ambiente o seguridad y salud públicas.
Tanto el trabajo de identificación de procedimientos como el desarrollo del proceso de simplificación ha contado con la participación de los agentes económicos y sociales, entre ellos la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); los sindicatos UGT-A y CCOO-A; las cámaras de comercio, y las asociaciones y federaciones representativas de la economía social y del colectivo de autónomos.
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