Después de casi ocho meses de tramitación, en los que ha sido remitido a los distintos agentes sociales y económicos para que realicen sus aportaciones, el Consejo de Gobierno dará luz verde al primer texto legal en todo el territorio nacional que garantiza este derecho, ha informado a EFE la Oficina del Portavoz del Gobierno.
La ley obligará a la Junta y los ayuntamientos a favorecer el acceso a la vivienda a todas aquellas personas que carezcan de ingresos económicos para tener una de mercado libre en su localidad, aunque para ello deberán ser andaluces y estar inscritos en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, que cada localidad andaluza mayor de 5.000 habitantes deberá elaborar y mantener.
Asimismo, dará cobertura legal a la exigencia de que nadie se endeude por encima de un tercio de su capacidad económica si va a acceder a una vivienda en propiedad o de un cuarto si va a acceder a una vivienda en alquiler.
Su financiación, según la Junta, estará basada en los planes de vivienda, en los presupuestos andaluces y en la gestión de las ayudas estatales.
El actual Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 ya recoge esta disponibilidad presupuestaria con unas inversiones públicas y privadas que superan los 11.000 millones de euros.
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