La Junta de Andalucía iba en serio cuando el pasado viernes anunció que intentará, con todos sus medios, paralizar la entrada en vigor de la reválida de Sexto de Primaria, el examen que entrará en vigor a finales del actual curso 2015-16 y al que deberán enfrentarse los alumnos de 12 años de toda España antes de acceder a Secundaria. Aunque el Gobierno central insiste en que se trata de una simple “prueba de diagnóstico” y que suspender no implica no poder acceder a la siguiente etapa, la Administración andaluza ha puesto ya a funcionar su maquinaria jurídica para determinar la fórmula “más oportuna” que fuerce su retirada o la derogación.
La opción que se baraja, por ahora, es la del recurso ante el Tribunal Supremo, aunque antes se intentará forzar la vía negociadora mediante un requerimiento al Ministerio de Educación. Para ello, Andalucía esgrimirá que la nueva norma arrastra “graves defectos” tanto en su fase de tramitación como en la de consulta a las comunidades autónomas, tal y como detalló este martes el portavoz del Gobierno autónomo, Miguel Ángel Vázquez. Desde San Telmo se apunta, por ejemplo, que el real decreto salió adelante sin el informe de la Conferencia Sectorial de Educación y, por lo tanto, sin el más mínimo consenso.
La propia consejera de Educación, Adelaida de la Calle, elevó al Consejo de Gobierno su informe sobre los defectos que a su juicio arrastra la prueba. Analizado el documento, la Junta duda de la utilidad real de la reválida, alerta de su coste económico y advierte de que las 200 preguntas a las que deberán enfrentarse los estudiantes sólo servirán para crear “incertidumbre, inquietud y tensión” entre todos los sectores afectados: alumnado, profesores e incluso familias.
En el catálogo de defectos, la Administración autonómica encuentra también problemas de calendario e incluso de metodología, ya que tan sólo se evaluarían dos de las ocho competencias que integran el currículo de Primaria. La calificación final, expuso también De la Calle, sería “reduccionista” a efectos reales porque no contemplará el progreso acumulado por el alumno durante el curso, limitándose a un mero dígito aislado de su contexto global. Se trata, resumió la consejera, de “nuevas medidas para fomentar el centralismo”.
Llamada de auxilio de los libreros
La Asociación Independiente de Libreros y Papeleros de Andalucía (Asilipa) alertó este martes a la Junta de la “insostenible” situación que atraviesa el sector por la “mínima parte” cobrada hasta ahora de la partida destinada a los libros de texto gratuitos del curso 2015-16. El colectivo recuerda el compromiso de abonar las cantidades el 30 de noviembre como tope máximo
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